El verdadero peligro para la democracia es la
pobreza, la impunidad, la corrupción y la complicidad de la autoridades. El uso
de los recursos públicos para promover a funcionarios, con la propaganda
gubernamental, son los medios del fraude electoral.
La clase política de México, los gobiernos federal, estatales y
municipales y las instituciones, públicas y privadas. No hay día que no se sepa
de una transacción ilícita, de un soborno, de un arreglo en lo obscurito, de
una participación directa de un funcionario de gobierno, o de un mando
policiaco en el robo de algo (autos, gasolina, etc.), en un hecho de extorsión,
de falsificación, de lavado de dinero, de pederastia, de trata de personas, o
en un secuestro.
La impunidad se refiere a los delitos procesados, que nunca se
castigan.
“La impunidad es una excepción de castigo o de cualquier tipo de multa que
implique cierta falta o delito, en sí, se refiere a la imposibilidad de llevar
a los violadores de cualquier ley o derecho, ante la justicia o las autoridades
correspondientes con la finalidad de evitar algún castigo, dando esto como
consecuencia que las victimas que hayan sufrido algún delito en su contra,
pierdan el derecho de recuperar lo perdido o reparar lo cometido”.
Uno de los factores es el pobre poder judicial
Se trata de grupos y de mafias que actúan a todos los niveles de
gobierno y que se protegen mutuamente. involucra cuestiones fiscales o políticos.
La impunidad es la ausencia de aplicación de la Ley, en delitos ya
identificados y que por diversos motivos esta ley no se aplica.
Uno de los motivos de la ausencia de la aplicación de la ley, es la
corrupción, es decir, parte de actos ilegales, inmorales, alterados, corruptos,
cambiados, no verdaderos, deshonetos, podridos, ilícitos.
La corrupción, la
inseguridad y violencia al interior de los países son los efectos de la
impunidad, no sus causas. “en México la impunidad es del 98 por ciento”.
El índice enlistó a 59 países de 193 Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), que contaron con información estadística suficiente
en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Estados Unidos ocupa el lugar 15 en materia de impunidad,
España, el 17. Alemania se ubicó en el puesto 42.
Algunos han llegado a decir incluso que se trata de una cultura
política del mexicano muy difícil de erradicar.
46% de la población detenida carece de una sentencia
condenatoria.
CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2010).- El 98.5% de los delitos cometidos en México quedan
impunes, según un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey que analiza
hoy el diario Milenio.
“en México la impunidad es del 98 por ciento”.
Según
el informe, de los 7.48 millones delitos cometidos en el país en lo que va de
año -tanto del orden federal como del común- únicamente se ha formulado una
condena en relación al uno por ciento.
Del
total de delitos sólo se denuncia un 22%, lo que hace cerca de 64 mil
denuncias.
A su
vez, de esta cifra, únicamente un 15% se investiga, pero sólo el cuatro por
ciento de ellas concluye, debido a la "lentitud en la mayoría de los
procesos y el incumplimiento de las leyes". El tiempo medio de
investigación se ha reducido sustancialmente desde 2006 (269 días) pero sigue
siendo excesivo (130 días es el promedio mundial.).
Tras
todo esto, sólo se sujeta a proceso penal a un 1.75% de los delincuentes. Las
condenas suman 112 mil 249.
El estudio ha empleado las cifras correspondientes al cuarto informe de
Gobierno del Presidente Felipe Calderón, presentado en septiembre,
así como otras estadísticas oficiales, y ha realizado el cálculo suponiendo que
las cifras mantengan su tendencia.
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/247146/6/la-impunidad-en-mexico-alcanza-al-985-de-los-delitos.htm
Monitorear, vigilar permanentemente y exigir a las instituciones de
seguridad pública que cumplan con su objetivo de proteger a los ciudadanos.
6. respeto a los derechos humanos y contra la violencia.
7. EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO
2. la capacidad estructural que corresponde al diseño
institucional.
3. México tiene casi el 46% de su población detenida sin
sentencia
4. La corrupción como el principál mecanismo para favorecer la
impunidad en méxico es funcional y estructural. (“Acátese, pero no se cumpla”
de La Colonia)
- más jueces y más
juicios, dentro del sistema de justicia.
- Reducir el número de
personas encarceladas esperando sentencia
3. reducir la sobrepoblación de las cárceles. Aplicación del Art. Constitucional.
4. 300 policías por cada 100 mil habirantes.
4. Campaña de difusión y talleres sobre derechos
humanos, civiles, mujeres, jóvenes, niños, tercera edad, discapacitados.
Impunidad, Justicia, Ceresos, Derechos humanos. (ver Artículo 10, 11 y 142
CPEP)
1.
En Puebla recientemente sucedió un caso en el que el
Director de la Policía del estado fue aprehendido por el ejército cuando
comandaba las operaciones de sus muchachos que ordeñaban ductos de Pemex.
2. La intervención de la
Procuraduría General de la República (PGR) a Oceanografía. Investigar con
profusión a Vicente Fox y a su esposa Marta Sahagún por favorecer a sus
respectivos hijos, quienes utilizaron la influencia de sus padres y la
condición que ocupaban dentro de la política para hacer pingües negocios en Pemex.
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/01/politica/008n2pol
La decisión que se tomó el jueves 10 de abril de 2014, en la Cámara de
Diputados de dejar al sexenio foxista fuera de la investigación que emprenderá
una comisión especial sobre los casos de corrupción en Petróleos Mexicanos
la comisión especial que investigó el tráfico de influencias por parte de
los hijastros del expresidente –los hermanos Bribiesca Sahagún– confirmó que
ellos incidieron en el otorgamiento de al menos 54 contratos a favor de la
empresa, la Cámara de Diputados acordó no tocar a Fox y, por ende, tampoco a
sus hijastros en el episodio que les corresponde.
3.
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León
tuvieron como antagonistas al cártel Arellano Félix
ni Carlos Salinas ni Ernesto Zedillo tuvieron la capacidad, el compromiso
ni el interés, para detener a los hermanos Arellano Félix, instalados en
Tijuana,
Baja California, y al cártel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes, en la
frontera con Texas.
4.
En mayo de 1993, hacia el ocaso del salinato, los
Arellano asesinaron a tiros al cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, cuando
protagonizaron un sangriento enfrentamiento, con quien por esos años era su
enemigo, un relativamente joven Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
5.
Blancornelas investigó y publicó las redes de corrupción
de los hermanos Arellano y su participación directa en el homicidio del
cardenal Posadas. Luego de develar la forma en que Benjamín y Ramón escaparon
del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en una aerolínea comercial,
apoyados por autoridades aeroportuarias, nueve sicarios del cártel lo
emboscaron.
El periodista sobrevivió a cuatro balazos de los más de ochenta que
impactaron su camioneta. En este hecho de sangre murió su escolta, el 27 de
noviembre de 1997.
El de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón Hinojosa, y dos de los
tres años que lleva el mandato de Enrique Peña Nieto.
6.
En el de Fox, el Chapo se convirtió en el narcotraficante
más poderoso del mundo, y en el de Calderón detonó la guerra contra las drogas
que cobró, en seis años, más de 103 000 vidas en el país. Al combatir a Guzmán,
los gobiernos federal y estatal acabaron con los liderazgos del resto de los
cárteles.
7.
En el sexenio de Felipe Calderón se desarticularon los
Arellano, Los Valencia, los del Golfo, los Beltrán Leyva, los Zetas, los de
Nacho Coronel, lo que permitió el crecimiento del cártel de Sinaloa y abrir la
puerta a otros grupos criminales escindidos de este, que también se alimentaron
de la impunidad y la corrupción para arraigarse en distintos estados.
8.
Aunque Enrique Peña Nieto reaprehendió al Chapo y poco
más de un año después el sistema de corrupción en el gobierno federal le
facilitó la huida, este capo casi sexagenario no es el del sexenio
9.
El que identifica al sexenio de Enrique Peña Nieto es el
Cártel Jalisco Nueva Generación. Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el
Mencho, uno de los capos más violentos desde que en 2010 se escindió del cártel
de Sinaloa, e Ignacio Coronel, el Nacho, fue abatido por las fuerzas armadas de
este país. Entonces se convirtió en un ilícito vigilante que pretendió acabar
con Los Zetas y con los miembros del cártel cuyo crédito comparten a la fecha
Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.
las mafias se han enquistado en el tejido institucional, político y social.
Las complicidades de las que se beneficiaron las mafias mexicanas en los tres
sexenios sucesivos de los presidentes Miguel De La Madrid, Carlos Salinas y
Ernesto Zedillo.
De 1984 a 2000, generales-jefes de regiones militares; directores de la
seguridad federal y luego de la policía federal ; “zares”
anti-droga ; secretarios (ministros) ; secretarios particulares de
Presidentes de la República ; gobernadores de estados federados como
Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Sonora y Chihuahua, han sido cómplices en la
transformación del México neoliberal en el primer narco-Estado del planeta,
Con la complicidad de responsables locales del ejército, la marina y la
policía, los cargamentos llegaban rápidamente a la frontera.
A cambio de impunidad, el Estado había impuesto a las mafias un acuerdo de
no violencia, que solamente ciertos “capos” de Tijuana y Juárez no respetaron.
10. En (1999-2000),
cuando la Presidencia autorizó a la Procuraduría General de la República (PGR)
y a la inteligencia militar a investigar más a fondo, ocurrió el escándalo de
la caída del “Zar antidrogas”, Jesús Gutiérrez Rebollo, un general de la
República “protector” del cártel de Juárez.
Se dedicaron entonces a reclutar policías locales (municipales y estatales)
y privilegiaron la corrupción de autoridades regionales. La corrupción, que se
había concentrado en los niveles más altos del Estado, se generalizó.
11. La fuga de
prisión, en 2001, de uno de los jefes sinaloenses históricos, Joaquín Guzmán
Loera, provocó además un terremoto en la gran familia de delincuentes. El
prófugo reorganizó los clanes del estado de Sinaloa, pactó acuerdos con
familias del entonces cártel de Juárez y emprendió la conquista del “reino”
narco, atacando en su propio territorio a su principal rival, el cártel del
Golfo.
12. Para resistir –y
tratar de expandirse a su vez– el cártel del Golfo se dotó de un brazo armado,
los “Zetas”. Los fundadores de este grupo eran desertores de las fuerzas
especiales del ejército, creadas para luchar contra el zapatismo y utilizadas
para apoyar al ministerio público desde el final del sexenio de Zedillo.
Reclutaron a miles de “gatilleros”.
13. Pero aunque Fox
persiguió a los capos, no enfrentó ni reprimió la corrupción en el aparato de
Estado, federal o estatal (provincial), heredada de los sexenios anteriores.
Tuvo la oportunidad de enjuiciar, al menos políticamente y mediante una
comisión de la verdad, a decenas de ex funcionarios priistas.
No lo hizo, porque necesitaba al PRI para gobernar y adoptar sus reformas
en el Parlamento. La clase política y la opinión pública comprobaron que, a
pesar del cambio político, la impunidad seguía siendo uno de los pilares del
sistema institucional.
14. Fox no
desarticuló tampoco las nuevas redes de encubrimiento que se reorganizaron a
nivel estatal y federal durante su mandato, contaminando a sectores políticos
no priistas. La corrupción volvió a impregnar las cúpulas de la PGR, de la
Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría Federal de Seguridad
Pública (SFSP). En los seis años de presidencia de Vicente Fox, ningún
funcionario de nivel sospechoso para la PGR o las agencias estadounidenses
(DEA, FBI, Aduanas...) fue detenido.
15. En 2006, el
presidente Felipe Calderón hereda así una situación preocupante. Los
“Zetas”, formados en las técnicas de contrainsurgencia en las escuelas
estadounidenses de fuerzas especiales, y gracias a compras masivas de armas en
el mercado libre estadounidense y en el mercado negro internacional, los ex
“gafes” (Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales) que dirigen la organización
han consolidado un nutrido aparato paramilitar, tan bien pertrechado –a veces
mejor– como el propio ejército federal.
16. Practica una
agresiva industria del secuestro. Y mediante la corrupción y/o amenaza de
funcionarios locales, la extorsión y el control de negocios legales e ilegales
(tráfico de CD, DVD y otros productos “pirata” ; de personas ; de
combustibles, etc.) e inversiones en la economía legal (taxis, transporte de
carga, construcción, night clubs, turismo) se ha apoderado de sectores
enteros de la economía regional.
17. Más preocupante
todavía, este “modelo” ha sido imitado por otra nueva organización delictiva en
la costa del Pacífico : la “Familia michoacana” (por el estado de
Michoacán). Los “Zetas” habían entrenado a sus primeros jefes, pensando que
podrían utilizar a los michoacanos para atacar los bastiones sinaloenses
(estado de Sinaloa) en el occidente del país. Pero la alianza fracasó y la
“Familia michoacana” se alzó pronto como una organización independiente, que
lucha por el control total de su territorio. Así, ha desatado una sangrienta
ofensiva, tanto contra la milicia del cártel del Golfo como contra los grupos
armados sinaloenses.
18. El presidente
Calderón, apenas elegido, resuelve lanzar a las fuerzas federales (Policía
Federal, Ejército y Marina) a la reconquista de los territorios controlados por
las mafias, en particular los estados de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Baja
California y Sinaloa. Ya no se trata de perseguir a los capos sino de destruir
las infraestructuras locales de las organizaciones. Rápidamente, la violencia
alcanza niveles nunca vistos desde la Revolución Mexicana (1910-1917). A los
muertos de la guerra entre bandos armados se suman las víctimas de las
operaciones de represión lanzadas por las fuerzas federales. A tres años del
lanzamiento de la ofensiva, el balance de “la guerra contra el narco” es
aterrador : según distintas estimaciones realizadas por la prensa mexicana
(2), basadas en los escuetos datos proporcionados por la PGR, desde la llegada
al poder de Fox, en 2000, el número de muertes vinculadas a la delincuencia
organizada varía entre 11.000 y 17.000 personas. En 2008 murieron unos 5.000
hombres entre sicarios, policías y militares. En lo que va de 2009 el número de
víctimas oscila entre 5.500 y 6.000 individuos.
19. Los grupos
armados del narco han multiplicado en los últimos meses ataques de tipo
guerrillero contra el ejército y las fuerzas policiales federales :
ataques a cuarteles y comisarías ; emboscadas a columnas de la fuerza
pública en carreteras y autopistas. Fieles a su formación paramilitar e
implementando técnicas de “guerra de baja intensidad”, han cometido atentados
de cariz netamente terrorista contra el ejército y la policía federal.
20. Ocho soldados
aparecieron decapitados en el estado de Guerrero. El general Mauro Enrique
Tello Quiñones, responsable de la seguridad en Cancún, fue torturado y
asesinado en una carretera de Yucatán.
21. Comandantes del
Estado Mayor de la Policía Federal han sido abatidos regresando a su casa.
22. El presidente
Calderón ha movilizado a 40.000 militares contra la delincuencia organizada en
toda la geografía nacional, además de miles de efectivos de la Policía Federal.
Muchos de estos últimos son ex militares. Y a medida que ha ido aumentando la
participación del ejército en la lucha contra el narco, la cifra de desertores
no ha cesado de incrementarse.
23. Según la
Secretaría de la Defensa, 126.000 efectivos abandonaron la milicia durante el
mandato de Fox y 27.411 hicieron otro tanto de enero 2007 a mayo 2009 (3).
24. Los servicios de
inteligencia del ejército y la policía federal han confirmado que una parte
significativa de esos desertores se integra a uno u otro de los grupos armados
del narco. Al punto que el gobierno está estudiando la posibilidad de crear
nuevas fuerzas especiales para combatir específicamente a los grupos dirigidos
por ex militares…
25. Más
significativo aún : para desmantelar las estructuras policiales de apoyo
al narco en el interior del país, el ejército ha intervenido y desarmado varias
sedes policiales estatales y municipales en por lo menos diez estados de la
República. Centenares de policías corruptos han sido detenidos pero,
curiosamente, la fuerza pública ha tenido que repetir esos operativos en varias
ciudades, lo que da a entender que las redes criminales se reconstruyen tras el
paso del ejército.
26. Faltaba
comprobar la colusión de militantes del Partido Revolucionario Democrático
(PRD, izquierda), para completar este panorama desolador. En 2009 el ejército y
el ministerio público detuvieron a varios alcaldes de ese partido en el estado
de Michoacán. La secretaria de Seguridad Pública de Leonel Godoy –el gobernador
“perredista” del estado– también trabajaba para “La Familia”...
27. En 2009, un
observador privilegiado, el senador panista Ramón Galindo, ex alcalde de Ciudad
Juárez, urbe fronteriza con Estados Unidos, afirmó que según sus cálculos, en
el 60% de los gobiernos municipales del país hay gente que trabaja para el
crimen organizado.
28. En 2008 el
Tribunal Agrario de la Federación reveló que un 30% de las tierras cultivables
del país están dedicadas a la producción de marihuana y amapola.
Cuatro ejemplos emblemáticos
de corrupción impune:
29. el enriquecimiento
inexplicable de Arturo Montiel;
30. el conflicto de intereses de
Juan Camilo Mouriño;
31. las irregularidades dolosas en
la investigación del caso Zhenli Ye Gon; y
32. los actos ilícitos de César
Nava a su paso por el jurídico de Pemex.
33. Vicente Fox dio cuerpo y forma
a la impunidad flagrante. Sólo el derroche al que le llevó la megabiblioteca
daría materia para recordar ese ejemplo de la sinrazón, tributo a la vanidad
34.
Frustra en grado sumo que los poderes Legislativo y Judicial no hayan hecho
valer sus atribuciones para discutir y sancionar el comportamiento de Mario
Marín y Ulises Ruiz. http://www.expresionlibre.org/site2/opinion/scherer_001.php
35. El general José
Francisco Gallardo. Gallardo fue encarcelado en noviembre de 1993, tras haber
solicitado la creación de un defensor de los derechos humanos de los militares,
y no fue liberado sino hasta febrero del 2002, tras repetidas recomendaciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
36. A principios del
mes de noviembre fueron condenados a 16 y 15 años de prisión respectivamente,
los generales mexicanos Francisco Quirós y Arturo Acosta Chaparro, por los
delitos de fomento al narcotráfico y cohecho.
37. Este mismo mes fue
desmantelado el 65 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, con base en el
estado de Sinaloa (noroeste), tras acusaciones de colaboración con las redes de
narcotráfico contra 50 de sus miembros.
38. Las organizaciones
denunciaron además que el gobierno mexicano "no tiene ninguna
intención" de juzgar a los militares acusados de cometer asesinatos
políticos en las décadas de los sesenta y setenta, en la llamada "guerra
sucia", cuando diversos movimientos civiles y guerrilleros fueron
reprimidos en México. La administración del presidente Vicente Fox firmó una
reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
"en la que se exime a los militares presuntamente responsables de la
comisión de ese delito de lesa humanidad a ser juzgados",
varios involucrados por negligencia, omisión o
participación directa: Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe
Calderón, Ramón Muñoz Gutiérrez, Francisco Barrio Terrazas, Germán Martínez
Cázares, Genaro García Luna, Alfredo Elías Ayub, Eduardo Romero, Salvador Vega
Casillas, Rafael Macedo de la Concha, general Luis Arturo Oliver Cen, Mariano
Herrán Salvatti, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Wilfrido Robledo Madrid, Germán
Francisco Gallegos, Marco Antonio Huitrón Quamatzi, Julián Solares Morales,
Francisco Rico Salgado, Hiram González Saldivar, entre muchos otros.
39.
En 1998, la PGR adquirió de la empresa
American Sciense & Engineerin Inc (A&S), en adjudicación directa, por
patente y marca, cinco equipos de inspección de rayos X para vehículos y carga
montados en camiones Mercedes Benz. Emplearía dichos equipos en la lucha contra
el narcotráfico para detectar drogas, armas, explosivos y otras materias
prohibidas por ley. El precio por equipo fue de 2.5 millones de dólares, por lo
que la operación total ascendió a 12.5 millones de dólares (160 millones de
pesos).
Al inicio de la operación de los equipos en 1999, se
advirtió en su funcionamiento múltiples deficiencias. Al 28 de julio de ese
mismo año, su operatividad promedio era del 38.8 por ciento. El proveedor
imputó sus múltiples fallas a la falta de preparación del personal de la
Procuraduría, y ésta a A&S por la mala calidad técnica del equipo.
40.
A pesar del pésimo funcionamiento de los
aparatos y del cuantioso gasto presupuestal, en ese mismo año, 1999, la PGR
adquirió de la misma empresa otros cinco equipos al mismo costo y sin licitar,
es decir, otro gasto de 12.5 millones de dólares.
Ante esa actitud del procurador, Molina Castro decidió
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 587/2001, en contra
de Hiram González Saldivar y el general Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial
mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con base en la investigación que
practicó la Auditoría Superior de la Federación, les imputó como funcionarios
de la PGR la falta de supervisión en el funcionamiento del equipo y su
responsabilidad por no iniciar las gestiones pertinentes para rescindir el
contrato mediante el cual se adquirieron los aparatos.
Otro procedimiento, el 594/2001, derivado de la auditoría
22/ 2001, por un monto de 12.5 millones de dólares, en contra de Hiram González
Saldivar, Mariano Francisco Herrán Salvatti y Luis Arturo Oliver Cen, por la
segunda compra por otros 12.5 millones de dólares.
El contralor descubrió también que la empresa A&S no
existía comercialmente y que su activo se reducía a una bodega arrendada en el
lugar que señaló como domicilio y los 10 equipos vendidos a la PGR como de
última tecnología eran los únicos que había “producido”. Es decir, un fraude
redondo.
41.
Los funcionarios de la PGR que
intervinieron en la operación se defendieron al afirmar que realizaron la
adquisición porque el gobierno de Estados Unidos presionó al de México para que
adquiriera los equipos y así justificar que colaboraba en la lucha contra el
tráfico de drogas, y ante la riesgo de que negara la certificación al gobierno
encabezado por Vicente Fox, pues celebraron los contratos.
El final de esta larga historia es que el entonces
secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, con autorización del
presidente Vicente Fox, determinó absolver a todos los implicados.
Miguel Badillo Contralínea (México)
42.
El problema fundamental del narcotráfico, es la demanda.
En Estados Unidos existen 30 millones de consumidores que demandan la droga,
que al ser prohibida y al ser ilícita produce dos fenómenos: grandes
utilidades, violencia y corrupción.
México es un país federal. Tiene más de 2400 municipios. No podemos pensar
que la proximidad ciudadana que es la estructura fundamental y la génesis de un
policía municipal sea sustituida porque sólo nos importa atender el problema
del narcotráfico.
La policía municipal tiene que ser, insisto, una policía cercana a la
gente. Si desaparecemos las policías municipales vamos a cometer un gravísimo
error.
43.
Que Estados Unidos de América asuma una responsabilidad
global. No puede seguir siendo cínico e hipócrita. Quince mil armerías en la
frontera con México no es casual. O sea, ¿por qué no están en Boston? ¿Por qué
no están en Pennsylvania? Ah, pero cuando la Asociación del Rifle percibe que
va a ver una decisión, bueno, hacen un lobby y meten un dineral a los
congresistas. ¿Por qué no emiten una ley que prohíbe el establecimiento de esas
armerías en frontera?
Y segundo, que cada arma que se venda tenga un registro específico y antes
de que se venda, si es mexicano que consulte con México. Es un mecanismo muy
sencillo.
44. Pero hoy, lo
más importante es dónde se lava el dinero. Las mafias que controlan y regulan
el lavado de dinero y armamento están en los Estados Unidos de América. Los
cocineros de metanfetamina de Michoacán no lavan dinero.
