sábado, 2 de abril de 2016

Impunidad y corrupción en México

El verdadero peligro para la democracia es la pobreza, la impunidad, la corrupción y la complicidad de la autoridades. El uso de los recursos públicos para promover a funcionarios, con la propaganda gubernamental, son los medios del fraude electoral.
La clase política de México, los gobiernos federal, estatales y municipales y las instituciones, públicas y privadas. No hay día que no se sepa de una transacción ilícita, de un soborno, de un arreglo en lo obscurito, de una participación directa de un funcionario de gobierno, o de un mando policiaco en el robo de algo (autos, gasolina, etc.), en un hecho de extorsión, de falsificación, de lavado de dinero, de pederastia, de trata de personas, o en un secuestro.
La impunidad se refiere a los delitos procesados, que nunca se castigan.
“La impunidad es una excepción de castigo o de cualquier tipo de multa que implique cierta falta o delito, en sí, se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de cualquier ley o derecho, ante la justicia o las autoridades correspondientes con la finalidad de evitar algún castigo, dando esto como consecuencia que las victimas que hayan sufrido algún delito en su contra, pierdan el derecho de recuperar lo perdido o reparar lo cometido”.
Uno de los factores es el pobre poder judicial
Se trata de grupos y de mafias que actúan a todos los niveles de gobierno y que se protegen mutuamente. involucra cuestiones fiscales o políticos.
La impunidad es la ausencia de aplicación de la Ley, en delitos ya identificados y que por diversos motivos esta ley no se aplica.
Uno de los motivos de la ausencia de la aplicación de la ley, es la corrupción, es decir, parte de actos ilegales, inmorales, alterados, corruptos, cambiados, no verdaderos, deshonetos, podridos, ilícitos.
La corrupción, la inseguridad y violencia al interior de los países son los efectos de la impunidad, no sus causas. “en México la impunidad es del 98 por ciento”.
El índice enlistó a 59 países de 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que contaron con información estadística suficiente en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Estados Unidos ocupa el lugar 15 en materia de impunidad, España, el 17.  Alemania se ubicó en el puesto 42.
Algunos han llegado a decir incluso que se trata de una cultura política del mexicano muy difícil de erradicar.
46% de la población detenida carece de una sentencia condenatoria.
CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2010).- El 98.5% de los delitos cometidos en México quedan impunes, según un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey que analiza hoy el diario Milenio.
“en México la impunidad es del 98 por ciento”.

Según el informe, de los 7.48 millones delitos cometidos en el país en lo que va de año -tanto del orden federal como del común- únicamente se ha formulado una condena en relación al uno por ciento.

Del total de delitos sólo se denuncia un 22%, lo que hace cerca de 64 mil denuncias.

A su vez, de esta cifra, únicamente un 15% se investiga, pero sólo el cuatro por ciento de ellas concluye, debido a la "lentitud en la mayoría de los procesos y el incumplimiento de las leyes". El tiempo medio de investigación se ha reducido sustancialmente desde 2006 (269 días) pero sigue siendo excesivo (130 días es el promedio mundial.).

Tras todo esto, sólo se sujeta a proceso penal a un 1.75% de los delincuentes. Las condenas suman 112 mil 249.

El estudio ha empleado las cifras correspondientes al cuarto informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón, presentado en septiembre, así como otras estadísticas oficiales, y ha realizado el cálculo suponiendo que las cifras mantengan su tendencia.
http://www.informador.com.mx/mexico/2010/247146/6/la-impunidad-en-mexico-alcanza-al-985-de-los-delitos.htm
Monitorear, vigilar permanentemente y exigir a las instituciones de seguridad pública que cumplan con su objetivo de proteger a los ciudadanos.
6. respeto a los derechos humanos y contra la violencia.
7. EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO
2. la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional.
3. México tiene casi el 46% de su población detenida sin sentencia 
4. La corrupción como el principál mecanismo para favorecer la impunidad en méxico es funcional y estructural. (“Acátese, pero no se cumpla” de La Colonia)
  1. más jueces y más juicios, dentro del sistema de justicia.
  2. Reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia
3. reducir la sobrepoblación de las cárceles. Aplicación del Art.    Constitucional.
4. 300 policías por cada 100 mil habirantes.
4. Campaña de difusión y talleres sobre derechos humanos, civiles, mujeres, jóvenes, niños, tercera edad, discapacitados.

Impunidad, Justicia, Ceresos, Derechos humanos. (ver Artículo 10, 11 y 142 CPEP)
1.     En Puebla recientemente sucedió un caso en el que el Director de la Policía del estado fue aprehendido por el ejército cuando comandaba las operaciones de sus muchachos que ordeñaban ductos de Pemex.
2.     La intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) a Oceanografía. Investigar con profusión a Vicente Fox y a su esposa Marta Sahagún por favorecer a sus respectivos hijos, quienes utilizaron la influencia de sus padres y la condición que ocupaban dentro de la política para hacer pingües negocios en Pemex.
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/01/politica/008n2pol
La decisión que se tomó el jueves 10 de abril de 2014, en la Cámara de Diputados de dejar al sexenio foxista fuera de la investigación que emprenderá una comisión especial sobre los casos de corrupción en Petróleos Mexicanos
la comisión especial que investigó el tráfico de influencias por parte de los hijastros del expresidente –los hermanos Bribiesca Sahagún– confirmó que ellos incidieron en el otorgamiento de al menos 54 contratos a favor de la empresa, la Cámara de Diputados acordó no tocar a Fox y, por ende, tampoco a sus hijastros en el episodio que les corresponde.


3.     Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León tuvieron como antagonistas al cártel Arellano Félix
ni Carlos Salinas ni Ernesto Zedillo tuvieron la capacidad, el compromiso ni el interés, para detener a los hermanos Arellano Félix, instalados en Tijuana, Baja California, y al cártel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes, en la frontera con Texas.
4.     En mayo de 1993, hacia el ocaso del salinato, los Arellano asesinaron a tiros al cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, cuando protagonizaron un sangriento enfrentamiento, con quien por esos años era su enemigo, un relativamente joven Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. 
5.     Blancornelas investigó y publicó las redes de corrupción de los hermanos Arellano y su participación directa en el homicidio del cardenal Posadas. Luego de develar la forma en que Benjamín y Ramón escaparon del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en una aerolínea comercial, apoyados por autoridades aeroportuarias, nueve sicarios del cártel lo emboscaron. 

El periodista sobrevivió a cuatro balazos de los más de ochenta que impactaron su camioneta. En este hecho de sangre murió su escolta, el 27 de noviembre de 1997.
El de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón Hinojosa, y dos de los tres años que lleva el mandato de Enrique Peña Nieto.
6.     En el de Fox, el Chapo se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo, y en el de Calderón detonó la guerra contra las drogas que cobró, en seis años, más de 103 000 vidas en el país. Al combatir a Guzmán, los gobiernos federal y estatal acabaron con los liderazgos del resto de los cárteles. 

7.     En el sexenio de Felipe Calderón se desarticularon los Arellano, Los Valencia, los del Golfo, los Beltrán Leyva, los Zetas, los de Nacho Coronel, lo que permitió el crecimiento del cártel de Sinaloa y abrir la puerta a otros grupos criminales escindidos de este, que también se alimentaron de la impunidad y la corrupción para arraigarse en distintos estados.

8.     Aunque Enrique Peña Nieto reaprehendió al Chapo y poco más de un año después el sistema de corrupción en el gobierno federal le facilitó la huida, este capo casi sexagenario no es el del sexenio
9.     El que identifica al sexenio de Enrique Peña Nieto es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, uno de los capos más violentos desde que en 2010 se escindió del cártel de Sinaloa, e Ignacio Coronel, el Nacho, fue abatido por las fuerzas armadas de este país. Entonces se convirtió en un ilícito vigilante que pretendió acabar con Los Zetas y con los miembros del cártel cuyo crédito comparten a la fecha Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.
las mafias se han enquistado en el tejido institucional, político y social. Las complicidades de las que se beneficiaron las mafias mexicanas en los tres sexenios sucesivos de los presidentes Miguel De La Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
De 1984 a 2000, generales-jefes de regiones militares; directores de la seguridad federal y luego de la policía federal ; “zares” anti-droga ; secretarios (ministros) ; secretarios particulares de Presidentes de la República ; gobernadores de estados federados como Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Sonora y Chihuahua, han sido cómplices en la transformación del México neoliberal en el primer narco-Estado del planeta,
Con la complicidad de responsables locales del ejército, la marina y la policía, los cargamentos llegaban rápidamente a la frontera.
A cambio de impunidad, el Estado había impuesto a las mafias un acuerdo de no violencia, que solamente ciertos “capos” de Tijuana y Juárez no respetaron.
10.  En (1999-2000), cuando la Presidencia autorizó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la inteligencia militar a investigar más a fondo, ocurrió el escándalo de la caída del “Zar antidrogas”, Jesús Gutiérrez Rebollo, un general de la República “protector” del cártel de Juárez.
Se dedicaron entonces a reclutar policías locales (municipales y estatales) y privilegiaron la corrupción de autoridades regionales. La corrupción, que se había concentrado en los niveles más altos del Estado, se generalizó.
11.  La fuga de prisión, en 2001, de uno de los jefes sinaloenses históricos, Joaquín Guzmán Loera, provocó además un terremoto en la gran familia de delincuentes. El prófugo reorganizó los clanes del estado de Sinaloa, pactó acuerdos con familias del entonces cártel de Juárez y emprendió la conquista del “reino” narco, atacando en su propio territorio a su principal rival, el cártel del Golfo.
12.  Para resistir –y tratar de expandirse a su vez– el cártel del Golfo se dotó de un brazo armado, los “Zetas”. Los fundadores de este grupo eran desertores de las fuerzas especiales del ejército, creadas para luchar contra el zapatismo y utilizadas para apoyar al ministerio público desde el final del sexenio de Zedillo. Reclutaron a miles de “gatilleros”.
13.  Pero aunque Fox persiguió a los capos, no enfrentó ni reprimió la corrupción en el aparato de Estado, federal o estatal (provincial), heredada de los sexenios anteriores. Tuvo la oportunidad de enjuiciar, al menos políticamente y mediante una comisión de la verdad, a decenas de ex funcionarios priistas.
No lo hizo, porque necesitaba al PRI para gobernar y adoptar sus reformas en el Parlamento. La clase política y la opinión pública comprobaron que, a pesar del cambio político, la impunidad seguía siendo uno de los pilares del sistema institucional.
14.  Fox no desarticuló tampoco las nuevas redes de encubrimiento que se reorganizaron a nivel estatal y federal durante su mandato, contaminando a sectores políticos no priistas. La corrupción volvió a impregnar las cúpulas de la PGR, de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría Federal de Seguridad Pública (SFSP). En los seis años de presidencia de Vicente Fox, ningún funcionario de nivel sospechoso para la PGR o las agencias estadounidenses (DEA, FBI, Aduanas...) fue detenido.
15.  En 2006, el presidente Felipe Calderón hereda así una situación preocupante. Los “Zetas”, formados en las técnicas de contrainsurgencia en las escuelas estadounidenses de fuerzas especiales, y gracias a compras masivas de armas en el mercado libre estadounidense y en el mercado negro internacional, los ex “gafes” (Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales) que dirigen la organización han consolidado un nutrido aparato paramilitar, tan bien pertrechado –a veces mejor– como el propio ejército federal.
16.  Practica una agresiva industria del secuestro. Y mediante la corrupción y/o amenaza de funcionarios locales, la extorsión y el control de negocios legales e ilegales (tráfico de CD, DVD y otros productos “pirata” ; de personas ; de combustibles, etc.) e inversiones en la economía legal (taxis, transporte de carga, construcción, night clubs, turismo) se ha apoderado de sectores enteros de la economía regional.
17.  Más preocupante todavía, este “modelo” ha sido imitado por otra nueva organización delictiva en la costa del Pacífico : la “Familia michoacana” (por el estado de Michoacán). Los “Zetas” habían entrenado a sus primeros jefes, pensando que podrían utilizar a los michoacanos para atacar los bastiones sinaloenses (estado de Sinaloa) en el occidente del país. Pero la alianza fracasó y la “Familia michoacana” se alzó pronto como una organización independiente, que lucha por el control total de su territorio. Así, ha desatado una sangrienta ofensiva, tanto contra la milicia del cártel del Golfo como contra los grupos armados sinaloenses.
18.  El presidente Calderón, apenas elegido, resuelve lanzar a las fuerzas federales (Policía Federal, Ejército y Marina) a la reconquista de los territorios controlados por las mafias, en particular los estados de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Ya no se trata de perseguir a los capos sino de destruir las infraestructuras locales de las organizaciones. Rápidamente, la violencia alcanza niveles nunca vistos desde la Revolución Mexicana (1910-1917). A los muertos de la guerra entre bandos armados se suman las víctimas de las operaciones de represión lanzadas por las fuerzas federales. A tres años del lanzamiento de la ofensiva, el balance de “la guerra contra el narco” es aterrador : según distintas estimaciones realizadas por la prensa mexicana (2), basadas en los escuetos datos proporcionados por la PGR, desde la llegada al poder de Fox, en 2000, el número de muertes vinculadas a la delincuencia organizada varía entre 11.000 y 17.000 personas. En 2008 murieron unos 5.000 hombres entre sicarios, policías y militares. En lo que va de 2009 el número de víctimas oscila entre 5.500 y 6.000 individuos.
19.  Los grupos armados del narco han multiplicado en los últimos meses ataques de tipo guerrillero contra el ejército y las fuerzas policiales federales : ataques a cuarteles y comisarías ; emboscadas a columnas de la fuerza pública en carreteras y autopistas. Fieles a su formación paramilitar e implementando técnicas de “guerra de baja intensidad”, han cometido atentados de cariz netamente terrorista contra el ejército y la policía federal.
20.  Ocho soldados aparecieron decapitados en el estado de Guerrero. El general Mauro Enrique Tello Quiñones, responsable de la seguridad en Cancún, fue torturado y asesinado en una carretera de Yucatán.
21.  Comandantes del Estado Mayor de la Policía Federal han sido abatidos regresando a su casa.
22.  El presidente Calderón ha movilizado a 40.000 militares contra la delincuencia organizada en toda la geografía nacional, además de miles de efectivos de la Policía Federal. Muchos de estos últimos son ex militares. Y a medida que ha ido aumentando la participación del ejército en la lucha contra el narco, la cifra de desertores no ha cesado de incrementarse.
23.  Según la Secretaría de la Defensa, 126.000 efectivos abandonaron la milicia durante el mandato de Fox y 27.411 hicieron otro tanto de enero 2007 a mayo 2009 (3).
24.  Los servicios de inteligencia del ejército y la policía federal han confirmado que una parte significativa de esos desertores se integra a uno u otro de los grupos armados del narco. Al punto que el gobierno está estudiando la posibilidad de crear nuevas fuerzas especiales para combatir específicamente a los grupos dirigidos por ex militares…
25.  Más significativo aún : para desmantelar las estructuras policiales de apoyo al narco en el interior del país, el ejército ha intervenido y desarmado varias sedes policiales estatales y municipales en por lo menos diez estados de la República. Centenares de policías corruptos han sido detenidos pero, curiosamente, la fuerza pública ha tenido que repetir esos operativos en varias ciudades, lo que da a entender que las redes criminales se reconstruyen tras el paso del ejército.
26.  Faltaba comprobar la colusión de militantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD, izquierda), para completar este panorama desolador. En 2009 el ejército y el ministerio público detuvieron a varios alcaldes de ese partido en el estado de Michoacán. La secretaria de Seguridad Pública de Leonel Godoy –el gobernador “perredista” del estado– también trabajaba para “La Familia”... 
27.  En 2009, un observador privilegiado, el senador panista Ramón Galindo, ex alcalde de Ciudad Juárez, urbe fronteriza con Estados Unidos, afirmó que según sus cálculos, en el 60% de los gobiernos municipales del país hay gente que trabaja para el crimen organizado.
28.  En 2008 el Tribunal Agrario de la Federación reveló que un 30% de las tierras cultivables del país están dedicadas a la producción de marihuana y amapola.

Cuatro ejemplos emblemáticos de corrupción impune:
29.  el enriquecimiento inexplicable de Arturo Montiel;
30.  el conflicto de intereses de Juan Camilo Mouriño;
31.  las irregularidades dolosas en la investigación del caso Zhenli Ye Gon; y
32.  los actos ilícitos de César Nava a su paso por el jurídico de Pemex.
33.  Vicente Fox dio cuerpo y forma a la impunidad flagrante. Sólo el derroche al que le llevó la megabiblioteca daría materia para recordar ese ejemplo de la sinrazón, tributo a la vanidad
34.  Frustra en grado sumo que los poderes Legislativo y Judicial no hayan hecho valer sus atribuciones para discutir y sancionar el comportamiento de Mario Marín y Ulises Ruiz. http://www.expresionlibre.org/site2/opinion/scherer_001.php
35.  El general José Francisco Gallardo. Gallardo fue encarcelado en noviembre de 1993, tras haber solicitado la creación de un defensor de los derechos humanos de los militares, y no fue liberado sino hasta febrero del 2002, tras repetidas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
36.  A principios del mes de noviembre fueron condenados a 16 y 15 años de prisión respectivamente, los generales mexicanos Francisco Quirós y Arturo Acosta Chaparro, por los delitos de fomento al narcotráfico y cohecho.
37.  Este mismo mes fue desmantelado el 65 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, con base en el estado de Sinaloa (noroeste), tras acusaciones de colaboración con las redes de narcotráfico contra 50 de sus miembros.
38.  Las organizaciones denunciaron además que el gobierno mexicano "no tiene ninguna intención" de juzgar a los militares acusados de cometer asesinatos políticos en las décadas de los sesenta y setenta, en la llamada "guerra sucia", cuando diversos movimientos civiles y guerrilleros fueron reprimidos en México. La administración del presidente Vicente Fox firmó una reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, "en la que se exime a los militares presuntamente responsables de la comisión de ese delito de lesa humanidad a ser juzgados",
varios involucrados por negligencia, omisión o participación directa: Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ramón Muñoz Gutiérrez, Francisco Barrio Terrazas, Germán Martínez Cázares, Genaro García Luna, Alfredo Elías Ayub, Eduardo Romero, Salvador Vega Casillas, Rafael Macedo de la Concha, general Luis Arturo Oliver Cen, Mariano Herrán Salvatti, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Wilfrido Robledo Madrid, Germán Francisco Gallegos, Marco Antonio Huitrón Quamatzi, Julián Solares Morales, Francisco Rico Salgado, Hiram González Saldivar, entre muchos otros.
39.  En 1998, la PGR adquirió de la empresa American Sciense & Engineerin Inc (A&S), en adjudicación directa, por patente y marca, cinco equipos de inspección de rayos X para vehículos y carga montados en camiones Mercedes Benz. Emplearía dichos equipos en la lucha contra el narcotráfico para detectar drogas, armas, explosivos y otras materias prohibidas por ley. El precio por equipo fue de 2.5 millones de dólares, por lo que la operación total ascendió a 12.5 millones de dólares (160 millones de pesos).
Al inicio de la operación de los equipos en 1999, se advirtió en su funcionamiento múltiples deficiencias. Al 28 de julio de ese mismo año, su operatividad promedio era del 38.8 por ciento. El proveedor imputó sus múltiples fallas a la falta de preparación del personal de la Procuraduría, y ésta a A&S por la mala calidad técnica del equipo.
40.  A pesar del pésimo funcionamiento de los aparatos y del cuantioso gasto presupuestal, en ese mismo año, 1999, la PGR adquirió de la misma empresa otros cinco equipos al mismo costo y sin licitar, es decir, otro gasto de 12.5 millones de dólares.
Ante esa actitud del procurador, Molina Castro decidió iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 587/2001, en contra de Hiram González Saldivar y el general Luis Arturo Oliver Cen, actual oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con base en la investigación que practicó la Auditoría Superior de la Federación, les imputó como funcionarios de la PGR la falta de supervisión en el funcionamiento del equipo y su responsabilidad por no iniciar las gestiones pertinentes para rescindir el contrato mediante el cual se adquirieron los aparatos.
Otro procedimiento, el 594/2001, derivado de la auditoría 22/ 2001, por un monto de 12.5 millones de dólares, en contra de Hiram González Saldivar, Mariano Francisco Herrán Salvatti y Luis Arturo Oliver Cen, por la segunda compra por otros 12.5 millones de dólares.
El contralor descubrió también que la empresa A&S no existía comercialmente y que su activo se reducía a una bodega arrendada en el lugar que señaló como domicilio y los 10 equipos vendidos a la PGR como de última tecnología eran los únicos que había “producido”. Es decir, un fraude redondo.
41.  Los funcionarios de la PGR que intervinieron en la operación se defendieron al afirmar que realizaron la adquisición porque el gobierno de Estados Unidos presionó al de México para que adquiriera los equipos y así justificar que colaboraba en la lucha contra el tráfico de drogas, y ante la riesgo de que negara la certificación al gobierno encabezado por Vicente Fox, pues celebraron los contratos.
El final de esta larga historia es que el entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, con autorización del presidente Vicente Fox, determinó absolver a todos los implicados.
Miguel Badillo Contralínea (México)

42.  El problema fundamental del narcotráfico, es la demanda. En Estados Unidos existen 30 millones de consumidores que demandan la droga, que al ser prohibida y al ser ilícita produce dos fenómenos: grandes utilidades, violencia y corrupción.
México es un país federal. Tiene más de 2400 municipios. No podemos pensar que la proximidad ciudadana que es la estructura fundamental y la génesis de un policía municipal sea sustituida porque sólo nos importa atender el problema del narcotráfico.
La policía municipal tiene que ser, insisto, una policía cercana a la gente. Si desaparecemos las policías municipales vamos a cometer un gravísimo error.
43.  Que Estados Unidos de América asuma una responsabilidad global. No puede seguir siendo cínico e hipócrita. Quince mil armerías en la frontera con México no es casual. O sea, ¿por qué no están en Boston? ¿Por qué no están en Pennsylvania? Ah, pero cuando la Asociación del Rifle percibe que va a ver una decisión, bueno, hacen un lobby y meten un dineral a los congresistas. ¿Por qué no emiten una ley que prohíbe el establecimiento de esas armerías en frontera?
Y segundo, que cada arma que se venda tenga un registro específico y antes de que se venda, si es mexicano que consulte con México. Es un mecanismo muy sencillo.

44.  Pero hoy, lo más importante es dónde se lava el dinero. Las mafias que controlan y regulan el lavado de dinero y armamento están en los Estados Unidos de América. Los cocineros de metanfetamina de Michoacán no lavan dinero.

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