Izquierda Puebla

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Investigan a exediles de Acapulco por construcción de viviendas en zonas irregulares

MÉXICO, D.F., (apro).- Las desarrolladoras Homex, Ara y Casas Geo, junto con funcionarios y exfuncionarios de los tres órdenes de gobierno, entre ellos cuatro exalcaldes de Acapulco, Guerrero, están en la mira del gobierno de Enrique Peña Nieto por su presunta participación en la construcción de viviendas de interés social en zonas irregulares.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, son muchos los casos de corrupción en todo el país en los que las autoridades concedieron permisos de construcción de viviendas en zonas riesgosas.

Y entre las personas que autorizaron de manera irregular las licencias de construcción se encuentran los exalcaldes de Acapulco, Zeferino Torreblanca, Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Baños, de acuerdo con investigaciones preliminares.

En la cadena de corrupción también están inmobiliarias como Casas GEO, Desarrolladora Homex, Ara y Sare.

Todos ellos serán sujetos a investigación por instrucciones de Peña Nieto para deslindar responsabilidades por las víctimas y daños que dejaron los meteoros Manuel e Ingrid en el puerto de Acapulco.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río enExcélsior Televisión, el titular de la Sedatu aseguró que se llegará al fondo para determinar y castigar a los responsables.

Asimismo, precisó que más de 6 mil casas afectadas por las lluvias tendrán que reconstruirse, pero muchas no se instalarán en las mismas zonas porque son de alto riesgo.

Ramírez Marín señaló que luego de las investigaciones sobre asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo en el país, seguramente saldrán casos de corrupción de autoridades locales.

"Creo que no es un solo caso. Son muchos casos de corrupción en todo el país, en zonas en las que evidentemente no debieron establecerse viviendas. No debieron concederse permisos, no solamente en términos de riesgos, sino del número de viviendas que se aceptan, de las condiciones de servicios que muchas veces no son suficientes para atender todas las residencias", apuntó.

Añadió:

"Lo más sorprendente es que está en estados donde la promoción de asentamientos irregulares, de invasiones como les llamamos, están inclusive tipificados como delitos penales. Ahí estamos ante un caso muy evidente de omisión del cumplimiento de la ley".

Explicó, además, que el programa de reubicación de las personas que perdieron sus casas no terminará en un año, debido a que "no solamente se trata de las viviendas afectadas por esta condición meteorológica, sino en general una política permanente y cambiar definitivamente a quienes están en zonas de riesgo".

El pasado 28 de septiembre, el titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, manifestó que las inundaciones ocurridas en Guerrero, principalmente en el puerto de Acapulco, están relacionadas con los permisos de construcción que se dieron para edificar vivienda sobre cauces de ríos.

Un día después, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal investigará el otorgamiento de permisos sin sustento legal para construcciones que favorecieron las inundaciones en Guerrero.

En conferencia de prensa, Peña Nieto también solicitó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, hacer lo propio en el ámbito local y que se deslinden responsabilidades.

En la reunión de evaluación que realizó en su sexta visita a esa entidad, el Ejecutivo exigió conocer cuáles fueron las zonas en las que de manera inapropiada, y con permisos seguramente también sin sustento legal, se construyeron viviendas.

Ello porque "se edificaron construcciones, lo que impidió que drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región", apuntó.

El Ejecutivo federal también solicitó al gobernador estatal que "realice las investigaciones y se deslinden responsabilidades que competan al ámbito local, como el gobierno de la República hará las propias investigaciones de aquellas afectaciones o de aquellos permisos sobre zonas federales que fueron otorgados indebidamente".

Advirtió que es evidente que hay una zona de la población que está prácticamente en terrenos que corresponden a la laguna y son asentamientos que tienen varios años.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el Riesgo de Desastres, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cada año 250 mil terrenos se incorporan al suelo urbano de forma irregular y 90 mil hogares se asientan en zonas de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

Esa última cifra ha sido reconocida por el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien en días pasados detalló que 68% de la vivienda se edifica de manera irregular y suele contar con el aval de autoridades.

"Son muy pocos los estados que llevan a los tribunales a quien promueve las invasiones", dijo en una entrevista radiofónica.

http://www.jornada.unam.mx/politica/2013/10/03/024a2pol

jueves, 3 de octubre de 2013

Fwd: Policias vestidos de civil en las detenciones

Posición PRD sobre reelección

Haasta ahora el PRD ha sostenido su rechazo a la reelección. Muchas son las razones, pero una es la detención de la circulación de la clase política, otra que se abre la puerta a la reelección en todos los niveles.

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Reforma educativa y corrupción

Reforma educativa y corrupción

Manuel Pérez Rocha

Reforma educativa y corrupción

La abundancia de prácticas y casos concretos de corrupción revela causas profundas y estructurales, no siempre consideradas debidamente. El capitalismo es un régimen sustentado no en una, sino en varias corrupciones de efectos devastadores en la vida contemporánea: los seres humanos considerados como mercancía, la confusión de valor con precio, el dinero como medida de todas las cosas, la dictadura del valor de cambio, la confusión de la legalidad con la legitimidad, la codicia convertida en un hecho "natural" y motor de la "sociedad". La corrupción política no es sino resultado necesario de todas estas corrupciones y se hermana con la corrupción de las instituciones y del lenguaje.

Hay, por ejemplo, una corrupción del lenguaje cuando se designa como "sociedad" lo que no lo es. Un conglomerado de individuos relacionados entre sí mediante la rivalidad y la lucha por los intereses privados, en el que predomina la explotación y el dominio de unos sobre los demás, de los cuales la gran mayoría vive en pobreza extrema y una minoría en una abundancia escandalosa, son todo menos una "sociedad". El asunto no es menor, o de "meras palabras", porque quienes tienen el poder usan precisamente el valor implícito en el término "sociedad" para imponer sus intereses particulares, en detrimento de los de los demás. En nombre de la "sociedad", su armonía, su futuro, se exige que amplios sectores se sometan a un "orden" que consagra relaciones inequitativas, injustas e inhumanas, relaciones corruptas y corruptoras con frecuencia sustentadas en la ley.

Sociedad implica comunicación y colaboración, implica coincidencias diversas, por ejemplo intereses, valores morales, estilos, gustos, en suma una cultura común. Pocos ejemplos podemos dar tan claros de corrupción lingüística como cuando se usa el término "sociedad" para referirse al conjunto de los mexicanos, como ocurre con los discursos para justificar las "reformas estructurales". ¿Qué hay de común entre los multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes y las comunidades de la sierra oaxaqueña? Hay relaciones entre esos dos grupos de mexicanos, pero son relaciones de explotación y dominación, si acaso de "filantropía", relación muy lejana de la reciprocidad y la colaboración.

Lo mejor de la Revolución Mexicana aspiraba a constituir una verdadera sociedad, una nación de iguales, un nosotros real, sustentado en bases éticas. La adopción plena del capitalismo a partir de 1940 y el largo reinado del PRI (incluyendo a su émulo, el PAN) desarrollaron una simulación de sociedad, infestada de corrupción. Un caso emblemático de la corrupción del PRI lo es sin duda el SNTE. El PRI corrompió no sólo la cúspide de ese sindicato, esa corrupción se extendió ampliamente; en esas condiciones, la señora Gordillo logró constituir con un número considerable de maestros un instrumento político adicional, un "partido" cómplice (el de "nueva alianza", otra corrupción del lenguaje) con el cual se hace aún más sofisticada la "dictadura perfecta" disfrazada de democracia, de modernidad.

Pocas acciones tan perversas y condenables del PRI como haber destruido la ejemplar (sí, ejemplar) educación mexicana, construida desde mediados del siglo XIX hasta 1940; haberla convertido en el desastre que es hoy, y haber degradado a los maestros convirtiéndolos en una cadena de transmisión para establecer la "paz" de la "sociedad", sociedad en la cual la gran mayoría tiene que combatir como sea por un empleo que es no un privilegio, sino la única forma legal de sobrevivir.

La sección 22 del SNTE (y de la CNTE) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEPO, dependencia del gobierno de ese estado) han sido acusados de participar en prácticas y arreglos como los que los gobiernos priístas y panistas han impuesto en amplios espacios del gremio y que son una realidad nacional, a veces encubierta, a veces cínica; a estos organismos oaxaqueños concierne responder a esa acusación y, de tener ésta fundamento, por supuesto eliminar de inmediato esos acuerdos que contradicen la razón principal de la CNTE: el combate a esas prácticas. Los trabajos muy valiosos que han hecho la sección 22 y el IEPO, y la actual lucha de la CNTE, no pueden ponerse en riesgo por mantener arreglos indebidos. Pero no puede dejarse de señalar quiénes son los denunciantes: ¡las televisoras y sus "analistas"!, esos impolutos "soldados del PRI", tan comprometidos con la educación y la cultura de la juventud y de la población mexicana que han asumido ya la conducción de la educación pública.

¿La "reforma educativa" impuesta en estos meses va a contribuir a eliminar la corrupción? ¿Se ha previsto eliminar la estructura de corrupción implantada por el PRI, el PAN y la señora Gordillo? No, por el contrario, esa estructura está recibiendo todo el apoyo del gobierno de Peña Nieto. ¿Cuáles son los valores que esa reforma incorpora o refuerza en el sistema educativo? ¿La cooperación? ¿La generosidad? ¿La solidaridad? ¿El sentido del deber? No, las reformas legales recientes refuerzan la figura del maestro como un empleado domesticado por los premios y los castigos, en suma por el miedo, un maestro cuyas motivaciones son el dinero, o el ascenso y las distinciones. En la medida en que los "estímulos" serán escasos (y lo serán), también se reforzará la rivalidad entre compañeros, no la colegialidad que exige una auténtica reforma educativa.

El artículo tercero constitucional define un conjunto de valores, entre ellos los que constituyen una verdadera sociedad, pero están de puro adorno. ¿Antes de hacerse esta atropellada reforma se hizo alguna consideración de ellos y de la forma de hacerlos realidad, de convertirlos en genuina guía del sistema educativo? No, esa filosofía estorba, la reforma está guiada por "valores" como la competencia y la competitividad, la calidad abstracta, la ambición; en suma, los antivalores del capitalismo. No es aventurado afirmar que por muy sofisticados que sean los sistemas de vigilancia, evaluación y "rendición de cuentas", todo está preparado para que se robustezca la corrupción.

http://www.jornada.unam.mx/politica/2013/10/03/004o1pol

Astillero

Astillero

Julio Hernández López

Astillero

Violencia desbordada al inicio del mes de las reformas. Una especie de advertencia sin capucha ante las otras protestas por venir. Mezcla de proporciones imprecisas: infiltrados y provocadores forzando la confrontación con los cuerpos de seguridad pública, jóvenes genuinamente hartos y desesperados que se suman a la violencia de desahogo, manifestantes pacíficos y experimentados que quedan en medio de la trifulca, una marcha histórica y simbólica que es desviada de su propósito original tanto por el secuestro del Zócalo capitalino (y la sordera del sistema ante la creciente protesta) como por el nuevo grado de confrontación pública aparecido ayer.

Los choques en el centro capitalino dan inmediato parque a favor de la mano dura en el conjunto mayoritario de medios de comunicación proclives al dictado oficial. El ambiente ha sido envenenado contra la disidencia y la movilización, y los sucesos de este 2 de octubre son inmediatamente convertidos en una presunta confirmación extrema de que las autoridades deben ya aplicar toda su capacidad represiva en el control de estos procesos aparentemente espontáneos. La exacerbación de ánimos llega a un punto culminante justamente en el tramo de calendario que corresponderá a la aprobación pactada de las reformas peñistas en materia electoral, energética y fiscal.

Los causantes de las confrontaciones son genéricamente identificados como anarquistas y forman un ente impreciso, con características globales y sin liderazgos plenamente identificados. A juicio de muchos de los participantes en manifestaciones públicas, en esas filas de embozados y encapuchados suele encajar el sistema a sus piezas de información y manipulación. A pesar de que el 1º de diciembre del año pasado, el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, ya tuvieron una aparición notable, hasta ahora siguen siendo una especie de enigma tolerado, una peculiar reserva de violencia programable.

Sin proyecto político de fondo ni reivindicaciones inmediatas, esos grupos conceden la escenografía caótica a las voces puntualmente demandantes de orden al costo que sea. Instaurando el vandalismo como emblema, agrediendo con impunidad a las fuerzas policiacas sometidas a la tajante orden de resistir los embates sin contestar (hasta que en ciertos momentos los mandos permiten ciertas detenciones que regularmente recaen en personas sin vinculación con esa violencia desmedida), esos grupos fácilmente infiltrables terminan haciendo daño a los procesos graduales de lucha política, como el de los profesores de la CNTE (que han trazado un riguroso deslinde de esos grupos y métodos) y con más razón a quienes aún sostienen la línea de la protesta invariablemente pacífica.

Pero lo sucedido ayer en céntricas calles capitalinas (prefigurado en anteriores manifestaciones) debe verse en un plano de mayor amplitud. Destapar el fantasma de la violencia política es uno de los ingredientes del enturbiamiento nacional que proviene de laboratorios oficiales. Basta ver los trucos de mala factura con los que se ha mantenido bajo secuestro la plaza emblemática de la protesta nacional, el Zócalo capitalino. Arrebatado bajo amago militar antes del Grito de Independencia, ahora se utiliza como centro de recepción de donaciones para damnificados, totalmente sustraido a la dinámica habitual de uso y disfrute públicos que han caracterizado a esa plaza de centralidad política e histórica.

Sin pausa han sido confiscados en meses recientes, desde la campaña presidencial de Peña Nieto y en el curso de su ejercicio de poder, diversos elementos constitutivos del armado cívico básico. Ayer mismo, a la salida del Metro Tlatelolco, policías capitalinos registraban mochilas de jóvenes sin más argumento que su uniforme y solicitaban identificaciones, convirtiendo las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas en una muestra más de retroceso. Y en general se ha dado banderazo de salida a segmentos policiacos sin uniforme que amenazan, hostigan y desbordan.

La protesta cívica es colocada así en una disyuntiva incómoda. Este mes, en el que Peña Nieto desea que sean aprobadas sus principales reformas legislativas, será también el de la campaña mediática contra los "excesos" de las manifestaciones de protesta. El turno inmediato es el de la congregación masiva convocada por Andrés Manuel López Obrador y Morena. Hasta ahora, ese movimiento ha tenido a orgullo el hecho de que no se hubiera roto "ni un vidrio" durante sus actos públicos. Pero el tamaño del golpe peñista en camino, tanto en materia de energéticos como de impuestos, hace palidecer las estrategias recatadas y podría llevar a la toma de ciertas medidas de resistencia civil pacífica, justamente en medio del linchamiento mediático mayoritario a actos de violencia como el de ayer.

La crispación política ha producido incluso escenarios tan extraños como el llamado de Acción Nacional a un activismo que lleve a manifestaciones en las calles contra la reforma fiscal peñista. En la Cámara de Diputados y a nombre de su bancada, Fernando Rodríguez Doval pronunció palabras cuidadamente cercanas a lo desobediente: "Es el momento de que los no violentos salgamos a las calles de forma ordenada y pacífica para expresar nuestra inconformidad. No importa en qué localidad nos encontremos, estamos obligados a levantar la voz cuando las cosas se están haciendo mal". Los panistas enarbolan la bandera de la defensa de la clase media, particularmente en cuanto a la pretensión de cobro de IVA en colegiaturas (que goza de generalizada desaprobación, pareciendo más un engaño sembrado para luego "corregir" y demostrar que se escucha a la población) y, sobre todo, de esa imposición fiscal en operaciones inmobiliarias.

Y, mientras Miguel Ángel Mancera sigue cumpliendo fatigosamente con su parte en el trato que al final reportará a la ciudad de México una amarga reforma política, ¡hasta mañana!

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LA MEMORIA FLORECE. Durante la jornada de protesta de ayer, activistas se cubrieron la boca con mensajes alusivos a la masacre del 2 de octubre de 1968 Prometeo Lucero

http://www.jornada.unam.mx/politica/2013/10/01/004o1pol

martes, 1 de octubre de 2013

Astillero

http://www.jornada.unam.mx/politica/2013/09/30/003n2pol

Astillero

Julio Hernández López

Astillero

Son tres los grandes recolectores de firmas: Andrés Manuel López Obrador (con la estructura de Morena), Cuauhtémoc Cárdenas (con el aparato del PRD) y Marcelo Ebrard (con la vista puesta en presidir el sol azteca). El primero pretende que las adhesiones ciudadanas por escrito sirvan para acelerar una consulta ciudadana que ni siquiera tiene fundamento legal (aunque el tabasqueño pretende que el propio Enrique Peña Nieto sea quien muestre "voluntad" para "ajustar" al vapor esa carencia jurídica), mientras los otros dos se ponen como meta 2015, asumiendo la gran probabilidad de que el congreso apruebe en lo inmediato la reforma energética peñista pero ésta pueda ser revertida en urnas específicas a colocar junto a las correspondientes a las elecciones intermedias venideras.

Las firmas que va levantando López Obrador tendrán significación concreta el próximo domingo, pues los papeles del caso serán depositados en urnas que se colocarán en Paseo de la Reforma y en otras partes de la marcha que buscará alcanzar al Zócalo y en cuyo punto culminante, el discurso central, habrán de develarse los modos y términos de la resistencia civil pacífica que habrá de desarrollarse durante los densos días previos a la muy anunciada y afinada pretensión de aprobar este mes en cámaras la mencionada reforma energética. Si la autorización se consuma, entonces las firmas conseguidas por el lopezobradorismo se sumarán a las de Cárdenas y Ebrard, quienes hoy, con acompañamiento de dirigentes del PRD, informarán en el Senado del volumen de signos de aprobación que hasta ahora han conseguido.

Frente a esas firmas separadas y a esas consultas con calendarios distintos se sostiene el aparato peñista, conjugando urgencias presupuestales agravadas por las inundaciones y manejando mediáticamente los tiempos políticos. En lo inmediato, la única posibilidad de enfrentar la aplanadora en curso está en la cuantía de la movilización de este domingo pero, sobre todo, de la intensidad de la resistencia que se inicie. Si nada de eso funciona, siempre quedará el recurso de las firmas, de la consulta posdatada, de una lucha cívica para 2015 que habrá de empaparse y probablemente desvirtuarse con las aguas electorales desde ahora tan presentes.

Se ha hecho a un lado el titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis Armando González Placencia. En lugar de insistir en la posibilidad de ratificación por cuatro años más en el cargo, desistió de ella y dio paso al primer visitador, Mario Patrón, para que se mantenga al frente de la institución en tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombra al sustituto definitivo.

El retiro de González Plascencia se produjo en medio de lo que su propia oficina calificó de "guerra sucia" (http://bit.ly/19RfPMs ). En un boletín oficial se habló de "ataques y calumnias dolosas" en su contra y de la difusión de "información falsa y manipulada" para desacreditarlo. El abanico de objeciones a la continuidad del funcionario abarcó desde señalamientos de presuntos gastos abusivos, pasando por el silencio largamente sostenido ante el caso del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora, hasta llegar al meollo del asunto: la postura del ombudsman capitalino respecto a las acciones del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a manifestantes en general, pero especialmente en cuanto a los detenidos el uno de diciembre del año pasado y ahora respecto de los profesores miembros de la CNTE.

El freno a la permanencia de González Placencia está inscrito en la temprana batalla partidista por el control político de la ciudad de México. Al funcionario en mención lo acusan el PRI, el PAN y el Verde Ecologista de estar plegado a las políticas del gobierno capitalino. En términos aritméticos, con la mayoría votante del PRD y sin divisiones internas de esta bancada, habrían faltado al ombudsman un par de votos para conseguir el nuevo periodo de trabajo (se necesitan 44 de 66 sufragios). Pero los opositores al sol azteca descarrilaron un segundo periodo al quitarle a LGP la legitimidad proveniente de una elección por unanimidad o cuando menos por una sólida mayoría.

PRI, PAN y PVEM castigan al ombudsman saliente por haber señalado excesos policiacos en los hechos del uno de diciembre del año pasado y por no respaldar las exigencias represivas contra profesores de la CNTE en los días que corren (en el recuento de voluntades en contra de González Placencia también ha de sumarse la de Raúl Plascencia, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se ha visto cargado al flanco del priísta gobierno federal). Además, el golpe en la CDHDF forma parte de las modificaciones del ambiente político y social que ha impulsado el priísmo en su afán de crear condiciones para recuperar el poder capitalino. El recorte de libertades y derechos en el DF ha llegado, por ejemplo, a la propuesta de agravar las penalidades a acciones que puedan ser cometidas en manifestaciones públicas, como lesiones o ultrajes a la autoridad y ejercicio indebido de un derecho. El PAN, por añadidura, impulsa la idea de una reglamentación de las protestas en la capital del país.

Y, mientras hoy se conoce la propuesta de San Lázaro para entregar la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, que algunos diputados de élite pretenden adjudicar a Fernando Landeros, presidente del Teletón, lo que en los hechos sería una presea para Televisa y una reivindicación desde el poder legislativo de las cada vez más impugnadas maniobras contables y propagandísticas de grandes empresas para mostrarse filantrópicas mientras eluden pagos de impuestos y fabrican la misma miseria que luego caritativamente atienden simbólicamente, ¡hasta mañana, con las autoridades de diversos niveles en cerrada pelea, tratando de adjudicar unas a otras la tardanza en el anuncio puntual a la población de los riesgos meteorológicos que estaban por venir!

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EN BUCARELI. En la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la dependencia, dijo en una conferencia que se alertó a tiempo a las autoridades estatales y municipales sobre las tormentas Ingrid y Manuel Prometeo Lucero

Un ‘‘engaño’’, pensión universal a adultos mayores, dice el Observatorio del Salario

Un ''engaño'', pensión universal a adultos mayores, dice el Observatorio del Salario

Patricia Muñoz Ríos

Un ''engaño'', pensión universal a adultos mayores, dice el Observatorio del Salario

■ Quienes hoy reciben el apoyo 65 y más lo perderán, señala

Millones de adultos mayores que actualmente reciben el apoyo conocido como 65 y más, dejarán de contar con ese respaldo a partir de enero de 2014, en caso de que sea aprobada la iniciativa de reforma fiscal, porque la propuesta de otorgar ''pensión universal'' a los adultos mayores ''es un engaño, ya que solamente será para aquellos que no tienen una pensión laboral o fondos de retiro; a los demás, se les quitará'', señala el documento "Análisis sobre la iniciativa de reforma fiscal, enviada por el Ejecutivo al Congreso'', que elaboró el Observatorio del Salario, de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Indica que también ''es un engaño'' el seguro de desempleo, ya que éste será a costa del propio ahorro de los trabajadores para su retiro y no se fondeará con recursos del Estado.

El informe expone que dicha iniciativa implica la focalización-exclusión de derechos sociales y gravar proporcionalmente más a los trabajadores y a los sectores medios de la población con énfasis en las personas físicas y causantes cautivos, y hasta legalizar la privatización del petróleo, pero deja intactos los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes.

Elaborado por los especialistas, Miguel Reyes, Jorge Abascal, Humberto Morales y Miguel López, el análisis señala que la reforma fiscal carece en términos reales de elementos progresivos y en cambio es ''regresiva'' en muchos conceptos, como el de la llamada ''pensión universal''.

En realidad, agregan, no será para todos los adultos mayores, pues ahora estará focalizada excluyendo a millones de personas que actualmente la reciben.

Del mismo modo consideran que el seguro de desempleo es ''otra trampa'', ya que este instrumento estaría a cargo de los propios trabajadores mediante los propios fondos de sus cuentas para el retiro; de ahí saldrían los recursos para ello. Esto amplía el nivel de riesgo para los trabajadores formales, pues significa una reducción de sus cuentas de ahorros y un nivel precario y depauperado para ellos en el futuro.

En lo que se refiere al impuesto sobre la renta (ISR), expone que la reforma no mejora la equidad entre personas físicas y morales, y esto se explica cuando se pretende recaudar en términos netos de las empresas sólo 16 mil millones de pesos más, en comparación con 59 mil millones provenientes de las personas físicas.

Esto se explica porque la iniciativa pone todo el peso fiscal sobre los trabajadores formales cautivos del sistema tributario, además de que la progresividad del gravamen se encuentra limitada por el régimen de consolidación fiscal que no desaparece, sino sólo cambia de nombre y se deja intocables a los grandes grupos económicos.

Otros pagarán

Otra ''trampa'' de esa iniciativa, señala el análisis, es que el gravamen que se aplicará a la actividad bursátil ''no es a las empresas y empresarios, que nunca pagan, sino a los trabajadores, pues por increíble que parezca, los fondos de ahorro de éstos, que manejan las Siefores y que son invertidos en bolsa cotidianamente –entre 15 y 30 por ciento del total– son los que se van a gravar.

El Observatorio del Salario concluye que, a consecuencia de todo lo anterior, se creará mayor desigualdad social.