manifestación masiva contra reforma educativa de Bachelet

Realizan primera manifestación masiva contra reforma educativa de Bachelet
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Realizan primera manifestación masiva contra reforma educativa de Bachelet 

Afp 

Realizan primera manifestación masiva contra reforma educativa de Bachelet

La presidenta chilena Michelle Bachelet pronuncia un discurso durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Santiago, en Santiago, en imagen de ayer. Foto Xinhua

Santiago. Una multitudinaria manifestación convocada por padres de familia de colegios privados subvencionados por el estado chileno, marchó este sábado en Santiago en rechazo a la reforma educativa que impulsa el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

La marcha, que según los organizadores superó las 50 millón de personas, recorrió la Alameda, la principal arteria de la capital chilena, en medio de carteles y gritos en contra de la reforma educativa, una de las principales medidas que el gobierno de Bachelet pretende implementar, y que es actualmente debatida en el Congreso.

Familias enteras y dueños de colegios privados caminaron bajo un intenso sol, en la que se convirtió en la primera manifestación multitudinaria en contra de la reforma educativa, uno de los principales ejes del programa de gobierno de Bachelet y que pretende darle gratuidad y calidad a la educación y acabar con el lucro y la selección de alumnos en la enseñanza escolar.

Los manifestantes indicaron que las medidas sobre el lucro y la selección afectarán a parte de los 5 mil colegios subvencionados, que reúnen a un 52% de los escolares chilenos y que se financian con aportes del Estado y el copago de las familias.

"Según esta reforma, un colegio que tiene utilidades y que tiene una personalidad jurídica ya no recibe subvención del Estado", dijo Ericka Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados.

Muñoz explicó que con esta medida, casi el 80% de los colegios particulares subvencionados en Chile quedan tipificados como "instituciones con fines de lucro".

"Nosotros proponemos algún tipo de medida con los abusos que se producen por el lucro en la educación, pero que no se condicione la subvención de nuestros hijos por eso", agregó la dirigente.

La Cámara de Diputados aprobó recientemente el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección en el sistema escolar, y ahora debe ser debatido en la Cámara de Senadores.

La manifestación concluyó tras dos horas de caminata y sin que se registraran incidentes con la Policía.

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Puebla: mascarada de justicia

Puebla: mascarada de justicia
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Puebla: mascarada de justicia 

Puebla: mascarada de justicia

Las detenciones de seis policías y cinco civiles realizadas ayer en Puebla, como pretendida acción del gobierno estatal para sancionar a los responsables del asesinato del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, ocurrido el pasado 9 de julio, son en realidad un hecho que indica el nivel de precariedad y deterioro en que se encuentra la legalidad, la procuración de justicia y la observancia de los derechos humanos en esa entidad y en el país.

De acuerdo con testimonios recabados, las detenciones referidas se dieron con lujo de violencia y en forma arbitraria; los efectivos policiales que las realizaron, a bordo de vehículos sin logotipos, incurrieron en uso excesivo de la fuerza, amagaron a civiles inocentes con sus armas y sustrajeron a los detenidos de sus domicilios, en un modus operandi no muy distinto al de los levantones realizados por las bandas de la delincuencia organizada.

Resulta paradójico que estas acciones se dieron en "cumplimiento" de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo desempeño en torno al caso del asesinato del menor José Luis Tehuatlie Tamayo dejó mucho que desear: si bien es cierto que ese organismo echó por tierra la versión del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle, en el sentido de que la muerte del menor fue ocasionada por un cohetón lanzado por manifestantes y no por disparos de la policía, también es verdad que la entidad a cargo de Raúl Plascencia Villanueva incurrió en el absurdo de responsabilizar por los hechos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal sin señalar la cadena de mando existente entre esa dependencia y el mandatario poblano y la consecuente responsabilidad política de este último por el asesinato referido.

Con esos precedentes, las detenciones realizadas ayer en forma violenta y arbitraria, lejos de representar un acto de justicia, constituyen una simulación y un alarde mediático del gobierno poblano. La muerte de un menor a manos de la policía resulta un hecho inaceptable en cualquier estado de derecho. La pretensión gubernamental de distorsionar un hecho semejante para eludir su propia responsabilidad es una señal inequívoca de impudicia y mala fe. Pero que las primeras acciones judiciales en torno al asunto sean en sí mismas instancias de la ilegalidad da cuenta de una descomposición institucional de gran calado que, por desgracia, no es privativa del gobierno poblano: la misma descomposición se ha observado en gobiernos municipales y estatales de otras entidades de la República y a escala federal.

Cuando los gobiernos pretenden sancionar la ilegalidad y el abuso con acciones abusivas e ilegales, puede afirmarse que la noción misma de justicia está rota y que las medidas adoptadas en su nombre no son más que actos de relaciones públicas y control de daños, si no es que ejercicios dirigidos a encubrir y garantizar la impunidad de los responsables más encumbrados y poderosos, mediante el castigo a los eslabones más débiles de la línea de mando.

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Rechaza el consejo del PRD exigir la salida de Ángel Aguirre del gobierno

Rechaza el consejo del PRD exigir la salida de Ángel Aguirre del gobierno
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Rechaza el consejo del PRD exigir la salida de Ángel Aguirre del gobierno 

Alma E. Muñoz y Georgina Saldierna 

Rechaza el consejo del PRD exigir la salida de Ángel Aguirre del gobierno

■ Grupos partidistas rehusan la posibilidad de que el mandatario sea llamado a rendir cuentas

Por mayoría de votos, el consejo nacional del PRD rechazó anoche exigir al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, solicitar licencia al cargo, como demandaron diversos dirigentes partidistas al advertir que en el estado "hay ingobernabilidad" y el mandatario estatal "ya no es un interlocutor legítimo" con la sociedad.

Nueva Izquierda y sus aliados, Alternativa Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol y Movimiento Social de Izquierda, rechazaron incluso la posibilidad de demandar al gobernador que rindiera cuentas ante el partido.

Durante la discusión, el senador Alejandro Encinas, de la Coalición de Izquierda, aseguró que aún existe "un marco en que (el gobernador) pueda retirarse en una condición de dignidad, y no al momento en que encontremos o se encuentren 43 cadáveres mutilados y calcinados, para los cuales no tenemos respuesta".

Estamos convencidos, precisó, que el gobernador de Guerrero "debe separarse inmediatamente del cargo para facilitar el desarrollo de la investigación y para tratar, no solamente de despresurizar la tensión política en ese estado, sino para ir generando condiciones de regreso a la normalidad democrática.

"La presencia hoy del gobernador, de mantenerse en el gobierno, en nada contribuye y menos será cuando aparezcan los muchachos, que esperemos sea con vida, aunque todo indica que no va a ser así", puntualizó el legislador.

A su vez, Gilberto Ensástiga, de Patria Digna, cuestionó que el presidente del partido, Carlos Navarrete no se pronunciara por la separación inmediata de Aguirre del cargo, al señalar que el caso de Iguala es una de las varias inconsistencias en que ha ocurrido el mandatario.

"En Guerrero han sucedido acontecimientos más graves, no como el de Iguala, pero han ocurrido y hemos sido omisos", puntualizó. Citó que no cumplió con ofertas de campaña; que en su periodo se ha encarcelado a luchadores sociales, como Nestora Salgado, y que los damnificados por los meteoros Ingrid y Manuel aún reclaman atención.

Ensástiga señaló que lo mínimo que puede hacer el instituto es investigar si el Ejecutivo estatal es responsable, tras considerar que Aguirre "es como esa manzana en el canasto que ya contagió algunas manzanitas, pero también algunas manzanotas y nosotros tenemos que tomar una decisión responsable y seria" al respecto, subrayó.

En nombre de Patria Digna presentó la propuesta de la licencia del mandatario por escrito a la mesa directiva del consejo nacional.

Por su parte, la diputada Amalia García, de Foro Nuevo Sol, planteó que el partido tiene que ir más allá de pedir perdón a los guerrerenses por la postulación de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala.

Y dijo que en el caso del gobierno del estado "no se actuó responsablemente". Deslizó que el mandatario no tiene pensado renunciar, pero esta dirección "sí puede llamarlo a cuentas".

No obstante, el bloque hegemónico, del cual forma parte su corriente, rechazó la propuesta. Camerino Eleazar Márquez, de Alternativa Democrática Nacional, dejó en claro la postura de la mayoría de los consejeros: "Si se tiene que ir un gobernador, que se haga la lista de los gobernadores que se deben ir".

El Consejo Nacional tampoco avaló la propuesta que presentó Guadalupe Acosta Naranjo en nombre de Nueva Izquierda, de convocar a una gran movilización en Guerrero por la paz, la justicia y la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos después de los hechos en Iguala.

El ex dirigente interino del PRD consideró que el punto toral de la discusión sobre Guerrero no es la salida de Aguirre del gobierno, sino que hay una crisis del Estado mexicano, que encabeza Enrique Peña Nieto.

Pablo Gómez apuntó que debe considerarse que el gobernador tiene responsabilidad política en los hechos sucedidos en Iguala y, por tanto, tendría que retirarse, pero la mayoría de los consejeros perredistas también lo rechazó.

Carlos Navarrete explicó más tarde el resolutivo aprobado por el consejo nacional, en el que no se incluyó la solicitud de licencia, pero sí que lo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es una desaparición forzada y, por tanto, es responsabilidad del Estado mexicano, fue avalado por la mayoría de los presentes. Sólo hubo cuatro votos en contra y 15 abstenciones de un total de 291 consejeros.

La discusión de este tema se realizó a puerta cerrada, lo que provocó el enojo de un grupo de militantes que intentó ingresar a la fuerza al salón del hotel de Reforma donde se llevó a cabo la asamblea y en la cual no fueron visibles los tres perredistas mencionados como aspirantes la gubernatura de Guerrero: Armando Ríos Pitter, Beatriz Mojica y Sofío Ramírez.

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