DOBLE VIOLACION A LOS DERECHOS DE LOS UNIVERSITARIOS. SUNTUAP

Sólo dos años después que el gobierno priísta de Mariano Piña Olaya consumara el golpe contra la UAP deponiendo al rector electo por los universitarios,  fue impuesto en  la rectoría  de nuestra Universidad José Doger Corte  por el anquilosado partido que  ocupó la presidencia del país durante setenta años y con él el nuevo modelo de Universidad que hasta la fecha padecemos los universitarios y la sociedad poblana en su conjunto. Desde entonces se ha repetido una y otra vez el discurso de excelencia académica de la Universidad Pública poblana, como un modelo a seguir. Hoy se habla de la totalidad de programas académicos certificados como un argumento para obtener recursos del estado. Lo que no se dice, sin embargo, es que ese discurso de calidad de excelencia  se ha construido sobre la base de la violación a los derechos laborales y políticos de los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios.  Véamos

En 1991, siguiendo instrucciones de sus asesores norteamericanos, José Doger hizo desaparecer los exámenes por oposición y todo procedimiento contractual e institucional de admisión, permanencia y promoción del personal académico y no académico, para monopolizar la contratación y la promoción de todo el personal universitario como un medio para imponer y conseguir la incondicionalidad de los directores de las unidades académicas y dependencias universitarias. A partir de entonces  la contratación de profesores y trabajadores se ha basado en criterios clientelares y nepotistas, más que académicos y profesionales.  Súbitamente la universidad se llenó de familiares de rectores y directores, así como ex funcionarios priistas que intempestivamente ocuparon puestos y privilegios de primer nivel, mientras que los verdaderos académicos que no aceptaban apoyar a los candidatos del rector en turno, eran relegados a ocupar plazas hora clase o de medio tiempo.  Hoy en nuestra Universidad, a diferencia de la década de los ochenta en que la mayoría de personal docente y de investigación era de carrera, más de la mitad del personal académico tiene que firmar contratos periódicamente sujetos a  al capricho de los directores.  El control político que ha ejercido sobre la Universidad el PRI a través de los últimos tres rectores, explica porque no se aplica el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) aprobado en 2007 por la presión de la SEP para que la administración universitaria  siguiera recibiendo recursos extraordinarios. 

Los funcionarios universitarios sólo recuerdan que existe el RIPPPA cuando se trata de obstaculizar a los académicos que han reclamado su derecho a ser promovidos de categoría por haber reunido los requisitos de grado, antigüedad y calidad académica, mientras que es práctica común que se promueva a plazas titulares de profesor investigador de la noche a la mañana a personajes de nula trayectoria y calidad académica, pero de reconocida  incondicionalidad política, cuando está en puerta una elección de director o de rector, tal como hoy sucede en la Facultad de Psicología y como ha sucedido incontables veces en las administraciones de José y Enrique Doger y hoy de Enrique Agüera.  En pocas palabras,  desde 1991 a la fecha, se ha privilegiado el control político, aunque ello implique  poner al frente de las Unidades Académicas a individuos  mediocres y sin trayectoria académica, repudiados por sus comunidades de estudiantes y profesores, en lugar de permitir que  sean dirigidas por académicos comprometidos con su trabajo y con criterio propio e independiente.  Las consecuencias de estas nefastas prácticas las están padeciendo los académicos que han sido marginados y en algunos casos reprimidos, pero principalmente por los alumnos de las unidades académicas que son víctimas de verdaderos fraudes académicos con todo y los programas certificados, quienes al buscar trabajo se enfrentan a la desigual competencia de egresados  mejor preparados de otras instituciones.

Ante la necesidad, que se apliquen criterios institucionales de  admisión, permanencia y promoción del personal académico y no académico de la Universidad,  es indudable que la movilización que hoy realizan los estudiantes de Psicología es saludable, pero no suficiente,  pues el origen de esta situación está en el desconocimiento que han hecho las administraciones universitarias  del Contrato Colectivo de Trabajo del SUNTUAP, y que muy a su pesar, conserva su vigencia.