Cuando mañana martes los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática voten a favor de la reelección consecutiva de legisladores estarán quebrantando la línea política de su partido y, en consecuencia, violando sus estatutos y haciéndose acreedores a la suspensión de derechos dentro de éste.
La línea política del PRD no es, según el propio partido, un conjunto difuso de actitudes y acciones, relacionadas de manera más o menos vaga con su declaración de principios y su programa. Es un texto concreto, denominado "Línea Política", que fue aprobado por su Congreso Nacional, que forma parte de sus documentos básicos y al que hacen referencias específicas sus estatutos y reglamentos. El documento no reúne un conjunto de orientaciones o sugerencias, sino que establece pautas de cumplimiento obligatorio para todos los actos políticos de los perredistas.
Sobre la reelección, en su numeral 25, afirma: "Durante el sexenio actual, la dupla PRI-PAN lleva al cabo una ofensiva restauradora orientada a retornar a las épocas más autoritarias de los gobiernos priístas. Se manifiesta entre otros aspectos en [...] imponer una reforma electoral regresiva para [...] establecer la reelección inmediata de diputados, senadores y presidentes municipales [...]. Esto se traduciría en un aumento de la influencia empresarial y del narcotráfico en los procesos electorales en los medios electrónicos, tanto financiando a candidatos que buscan la elección o la reelección, como apoyando directamente a partidos que se presten para presentar como propios a candidatos provenientes de las filas de la iniciativa privada".
Pasando por alto la estridencia de la redacción, el argumento de fondo es real: la reelección sólo favorecería la elitización de la política en México, en favor de los grupos económicos más poderosos y de las dos grandes cadenas de televisión.
Pero, más allá del debate de fondo, lo cierto es que los legisladores perredistas están obligados a ceñir sus acciones a lo prescrito por ese documento. Así lo establece, entre muchos otros, el artículo 18, de los estatutos del partido que prescribe: "Son obligaciones de los afiliados del Partido [...] f) Desempeñar los cargos de representación popular para los cuales fueron electos, respetando en todo momento la Declaración de Principios, Línea Política, el Programa del Partido y el presente Estatuto".
El cumplimiento de esta disposición debe ser, de acuerdo con las mismas normas, vigilado por el Consejo Nacional y por la Comisión Nacional de Garantías del PRD. Su incumplimiento se encuentra específicamente sancionado por el artículo 82 del Reglamento de Disciplina Interna, que ordena: "Se harán acreedores a la suspensión de derechos [partidistas] quienes [...] c) No respeten los Documentos Básicos y las resoluciones de los órganos de dirección y representación del Partido".
Todo parece indicar, sin embargo, que las distintas facciones de PRD han llegado a un acuerdo en favor de la reelección, al margen de su línea política y sus normas internas.
Es en consecuencia impensable que alguien dentro de ese partido vaya a hacer cumplir sus propias leyes. Los argumentos para evadirlas han proliferado y se han arraigado a partir de su fundación, hasta convertirse en fórmulas sacramentales, máximas esgrimidas con auténtico fervor por algunos de sus más destacados dirigentes: "El estatuto no puede ser una camisa de fuerza", "Así es la política", "¿Para que queremos reglamento, si ya tenemos un acuerdo?" y otras de la misma índole.
De consumarse la votación por la reelección, el todavía principal partido de la izquierda mexicana demostrará, una vez más, su incapacidad para ceñir sus acciones políticas a la legalidad, condición ineludible en cualquier democracia.
Esto sería lamentable para el partido, pero lo sería sobre todo para las causas justas que su programa defiende y para la sociedad mexicana toda.
Publicado en Punto Medio, 17 de octubre de 2011.
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