El derecho a la información en México Javier Esteinou |
Javier Esteinou Madrid es Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F.
El contexto de "apertura política" que ha creado el gobierno mexicano en este sexenio para realizar la Reforma del Estado, ha demostrado ampliamente que los diagnósticos, las demandas e iniciativas fundamentales de políticas de comunicación que ha presentado la sociedad mexicana para la transformación del Estado nacional, vía los Foros, los Seminarios y las Consultas Públicas, han sido negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la esfera del poder. Con ello, una vez mas, vuelve a surgir la profunda desilusión y desencanto de la sociedad civil para considerar que los espacios de "apertura" que ha creado el Estado sean los conductos viables para la transformación de los medios de comunicación nacionales.
Sin embargo, no obstante esta gran tendencia cancelatoria del gobierno sobre los planteamientos sociales en materia de comunicación se observa que de todo el cúmulo de propuestas presentadas por la sociedad mexicana en los múltiples foros abiertos de consulta pública, la única iniciativa que parcialmente ha prosperado, y con muchísimos obstáculos, ha sido la propuesta de "Ley Federal de Comunicación Social y el Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos 6 y 7 Constitucionales en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Información" preparada por la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que ha sido retomada por la XLVII Legislatura del Congreso para discutirla y perfeccionarla. Dicha iniciativa ha propuesto entre otros los siguientes 5 objetivos generales:
1.- Promover la democratización de los medios de información y de comunicación en todos los niveles de organización, operación y difusión.
2.- Fomentar el ejercicio pleno del derecho a la información y libertad de expresión en un marco plural y participativo que coadyuve a la conformación de una opinión pública bien informada.
3.- Promover que toda persona, organización y grupo social sean sujetos activos, participantes y con efectivo y libre acceso a la información.
4.- Estimular el respeto al libre ejercicio profesional del informador y facilitar su acceso a las fuentes de información, y
5.- Proteger la libertad, la dignidad de la persona y el respeto a la vida privada e impulsar la defensa y el fortalecimiento de la cultura nacional en todas sus manifestaciones (1).
No obstante dicho intento jurídico democrático por parte del Poder Legislativo el Estado mexicano ha aceptado la existencia de diversas regulaciones para normativizar y supervisar todas las áreas del funcionamiento social como son la banca, la industria, el comercio, la educación, la agricultura, la cultura, la política, etc.; excepto la comunicación social. Así, el único terreno donde el gobierno y el mercado han sostenido que no debe de reglamentarse la acción pública del Estado es en el campo de la información y de la comunicación colectiva, esgrimiendo los siguientes argumentos:
1.- La libertad de información es un derecho y una garantía universal inalienable de todos los hombres que no debe limitarse, pues se atentaría contra la esencia humana. Incluso, el poder Ejecutivo y varios secretarios de Estado han afirmado en varios momentos, por una parte, que "pretender reglamentar el Derecho a la Información entrañaría mas riesgos que beneficios" (2); y por otra, que "no corresponde al Estado fijar las normas de conducta ética de los medios, porque se correría el riesgo de coartar la expresión de la pluralidad, por lo que toca a los medios, a partir de consensos entre los profesionales del sector, establecer su propio código ético (3).
2.- La libertad de información es la base de la "democracia", por lo tanto, si se le limita se esta afectando directamente el sano equilibrio democrático de la sociedad.
3.- En un mundo sistémico, sin fronteras, competitivo y globalizado, para que la dinámica del mercado se pueda realizar se requiere libertad de información. Por ello, no deben ponerse mas regulaciones que las necesarias a la libertad de expresión en México, so pena de caer en burocratismos extremos o lo que es peor, en la inoperancia de la ley. La sobre reglamentación se opone al avance económico (4). Por consiguiente, lo que se debe fomentar en las sociedades modernas crecientemente competitivas es el libre flujo de la información y no su restricción.
4.- El Derecho a la Información no debe reglamentarse con normatividades rígidas, sino sólo se deben crear mecanismos muy flexibles que permitan la autorregulación de los medios de difusión, como son los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor y los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc.
Ante estos argumentos para defender sus concesiones de poder económico y político los empresarios de los canales de información y el sector conservador del Estado han desconocido las siguientes realidades:
1.- Efectivamente, la libertad de información es un derecho inalienable de todos los hombres, pero la única forma de convertirla en una verdadera garantía para todos los ciudadanos es normatizarla con toda precisión jurídica, pues de lo contrario lo que se ejerce es una interpretación subjetiva, caprichosa y discrecional de cada empresa o funcionario según sean sus intereses coyunturales que debe defender.
2.- La libertad de información es la base de la democracia, y por consiguiente, para que esta se pueda realizar se debe reglamentar este derecho tan estratégico de todos los ciudadanos. Para operar socialmente, la libertad de expresión debe recibir el mismo tratamiento normativo de cualquier otra área de actividad de la sociedad. Es una falacia afirmar que por tratarse de la libertad de opinión ésta realidad sea un campo mas difícil de abordar que otros terrenos de la acción social. Así, como la agricultura, el comercio, la cultura, la banca, la industria, la educación, la política, etc. son actividades delimitadas jurídicamente para conocer su naturaleza y límites para poder funcionar colectivamente; igualmente el Derecho a la Información debe ser reglamentado para que alcance sustento social real. De lo contrario, si no se reglamenta dicho derecho se deja en el vacío conceptual y jurídico y lo que se termina ejerciendo es el derecho del mas fuerte sobre el mas débil según sean las conveniencias coyunturales del poder. Reglamentar no significa censurar, reprimir o cohibir la libertad de expresión, sino crear las condiciones de precisión jurídica básicas para garantizar su real existencia y ejercicio cotidiano como derecho de todos los ciudadanos. En el escenario de final del milenio el único sector que hoy tiene amplio Derecho a la Información es sólo el gobierno y los grandes grupos del poder que pueden obtener toda la información que requieren para actuar sobre la población o para expandir sus empresas; y la sociedad civil mexicana no cuenta con el mínimo acceso a la información estratégica elemental para decidir sobre su futuro. Es decir, la sociedad civil que le entregó al Estado los medios para que los concesionara en favor del bien común, hoy no cuenta con la garantía de dicho derecho universal de los hombres, y paradójicamente, los únicos sectores que poseen este privilegio son las ramas del gran capital y la alta jerarquía burocrática.
3.- En un mundo globalizado y expuesto a la competencia nuestras estructuras culturales de nación si deben estar abiertas al permanente contacto con los avances de otras culturas, pero deben existir límites jurídicos elementales de protección y conservación de nuestra riqueza cultural y mental que han tardado muchos años en formarse. De lo contrario, lo que sucede es la devastación de nuestra cultura básica por los intereses del mercado, como ha sucedido en las últimas décadas de la historia nacional. Hay que recordar que el mercado por sí mismo no tiene moral, ni ética, ni corazón, ni se preocupa por lo humano y lo social. Su objetivo es la rápida y creciente acumulación de riqueza a expensas de lo que sea. Por consiguiente, es una ley que en la medida en que funciona autónomamente, sin sólidos contrapesos planificadores puede introducir en las comunidades una relación social de comunicación salvaje.
4.- La propuesta del gobierno y los concesionarios sobre la "autorregulación absoluta" para orientar el funcionamiento de los medios de información en México vía los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor, los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc., cae en la concepción liberal extrema de crear el "Estado Cero" que plantea que el Estado no es necesario como instancia rectora para dirigir a la sociedad, ya que esta se puede autoconducir a si misma por las leyes de la mano invisible de las lógicas del mercado. Así, se formula que el Estado debe reducirse a su mínima expresión (fórmula cero), para dejar que la sociedad se conduzca por otros mecanismos de autorregulación del poder.
Dicha teoría y práctica económico-social ha demostrado, a lo largo del siglo XX su enorme fracaso y límites al reflejar que, finalmente, toda sociedad moderna siempre requiere la presencia de un sólido Estado rector que equilibre los desajustes y las crisis que produce el funcionamiento autónomo de la dinámica del mercado. Es decir, para crear las mínimas condiciones de gobernabilidad en el México contemporáneo, es necesario que todas las acciones públicas colectivas estén reglamentadas por la ley, pues de lo contrario se crean las bases oficiales para el surgimiento de los grandes espacios de anarquía social.
Es por ello, que la autorregulación de los medios de comunicación vía los Códigos de Etica y otros recursos morales, son mecanismos colegiados muy útiles que pueden ayudar a garantizar complementariamente la existencia del Derecho a la Información, pero nunca deben operar como elementos únicos o solos para normar y conducir socialmente esta estratégica acción colectiva. Una garantía tan central para construir una sociedad democrática, equilibrada y participativa no puede quedar expuesta a los altibajos subjetivos, caprichosos o discrecionales de los intereses políticos del poder o sujeta a la dinámica de la "Mano Invisible del Mercado"; sino que debe ser reglamentada con toda exactitud por el interés colectivo, como cualquier otro derecho social básico, para garantizar su existencia y sana aplicación comunitaria.
De lo contrario, siguiendo el razonamiento de la lógica autónoma del mercado por sobre el orden social regulado colectivamente, también podemos demandar que no existan reglamentos de los cuerpos de policía, pues las comunidades pueden autoregular espontáneamente sus delitos. No se requieren leyes para normar el servicio de recolección de basura, porque la sociedad por si misma puede autoregular como tirar sus desperdicios orgánicos. No se requiere una legislación de comportamiento bancario, pues los banqueros se pueden autoregular a si mismos en beneficio de la sociedad. No es indispensable una legislación sobre la educación básica, pues cada ciudadano puede asegurar por si mismo su formación educativa. No es necesario un reglamento fiscal, pues todos los ciudadanos pueden autoregular voluntariamente el pago de sus impuestos, etc. En suma, el Estado sale sobrando como órgano de regulación colectiva, pues la sociedad se puede autoregular a si misma en todos los órdenes de la vida.
Debemos de considerar que la ética no puede substituir o suprimir al derecho, sino sólo enriquecerlo y complementarlo. No podemos cambiar el estado de derecho por la aplicación de un "eticómetro" de los concesionarios y empresarios de los medios de comunicación que es un instrumento subjetivo de buena voluntad, absolutamente vulnerable ante las fases de presión económica y política reales, como lo ha demostrado la historia de la comunicación nacional a lo largo del siglo XX (5).
Es necesario recordar históricamente que todos los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor, los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc. que han existido en el Estado y las agrupaciones de los informadores en México, han sido recursos totalmente insuficientes para abrir los archivos políticos y militares sobre la mascare estudiantil de 1968 y 1971, los archivos de los sacadólares que generaron una fortísima devaluación del peso mexicano en el sexenio del Presidente López Portillo, los motivos por los cuales se cayó el sistema electrónico de cómputo en las elecciones presidenciales del sexenio del Presidente Salinas de Gortari, los sectores beneficiados ilegítimamente con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la exposición de series televisivas, cada vez mas, violentas y sangrientas para obtener un raiting crecientemente mas exitoso en la fase de apertura de mercados globales, etc.
Sin embargo, para evitar avanzar en este terreno estratégico de reglamentación al Derecho a la Información el sector mas conservador del Estado y los empresarios de los medios de información en conjunto han creado a través de sus propios canales de difusión masiva campañas permanentes de satanización y boicot a dichas iniciativas democráticas de la sociedad civil, argumentando artificialmente la existencia de un conflicto entre libertad de expresión y reglamentación de la misma.
Dicha campaña ha constado de dos fases de desinformación y manipulación. La primera fase se ha concentrado en no difundir por los medios de información masivos aquellas posiciones ideológicas contrarias a las tesis de la autorregulación. En los pocos casos en que se han considerado, siempre se relegan a lugares de 5 o 6 nivel informativo para que se pierdan en el océano de datos que diariamente se transmiten.
La segunda fase ha consistido en una repetitiva presentación colectiva de juicios y valores a priori que descalifican de entrada el intento de propuesta legislativa, sin pasar por la discusión o reflexión pública. Así, se ha señalado reiteradamente que las iniciativas regulatorias del Derecho a la Información son fascistas, que amordazan la libertad de comunicación, que son paralizantes de la iniciativa humana, que evitan la libre competencia, que censuran el libre fluir del pensamiento, que se intenta controlar a los medios, que se busca reprimir a los periodistas y comunicadores, que son leyes mordazas, etc, con el fin de evitar que se regulen por el interés colectivo, los privilegios tan desmesurados con los que cuentan los propietarios de los medios dentro de la caduca legislación mexicana de final de siglo.
A diferencia de estrategias anteriores, en esta segunda etapa se han incorporado un conjunto de comunicadores de reconocido prestigio nacional para darle mas peso a la ingeniería desinformadora y calumniadora, y evitar que los medios de información colectivos sean regidos por la ley (6).
De esta manera, así como el sector bancario ahora practica una acción de "anatocismo" económico al cobrar intereses sobre intereses; con el despliegue de esta campaña desinformadora y calumniadora sobre la regulación del Derecho a la Información, los concesionarios de los medios de difusión colectiva en México practican un "anatocismo comunicativo" desde el momento en que aprovechan el poder persuasivo de sus canales de información colectiva para conservar la estructura de poder de todos sus medios (7).
Con ello, han desconocido permanentemente que en la sociedad de final de milenio los medios de información colectivos son la base de existencia de lo público, y que por consiguiente, dichas instituciones deben ser normados por la sociedad en su conjunto, y no sólo por los intereses fenicios del mercado o los ambiciosos e ilimitados intereses del poder.
Ante esta monumental pobreza de rescate del espíritu del "México Profundo" por parte de la estructura de gobernabilidad nacional a partir de las consultas públicas sobre comunicación social, es necesario preguntarnos, por ejemplo, ¿Dónde quedó la solicitud ciudadana de revisar el otorgamiento y la revocación de las concesiones de los medios de comunicación, especialmente de los electrónicos? ¿Por qué no se consideró la formación de la figura jurídica del Omdbusman de la comunicación colectiva? ¿Por qué se marginó la revisión de la legislación referente a la constitución de los super monopolios comunicativos que se volvió a encarnar con la bárbara fusión entre TELMEX y TELEVISA? ¿Por qué no se abordó la urgente necesidad de abrir más espacios de participación democráticos en los medios de comunicación? ¿Por que se olvidó la formación del Código de Etica Profesional de los comunicadores? ¿Por que se marginó la iniciativa del Derecho de Réplica solicitada ampliamente por la sociedad mexicana desde hace varias décadas para evitar los abusos informativos de los propietarios de los medios? ¿Dónde quedó la propuesta de formar un Consejo Plural de Comunicación Social que supervisara el funcionamiento de los medios de información en nuestro país? ¿Por qué se desconoció la petición colectiva de emplear el 12.5 % del tiempo oficial en los medios de comunicación de forma más democrática y racional? ¿Dónde quedó la inquietud de otorgar con toda transparencia los recursos gubernamentales y paraestatales de apoyo financiero a los medios de comunicación? ¿Por que se descartó la propuesta de crear una Red Nacional de Televisión Cultural a partir del empleo de la infraestructura de los sistemas estatales de comunicación establecidos en cada entidad y del otorgamiento de dos frecuencias en la banda UHF y del aprovechamiento de los tres canales de cable que por ley tiene derecho el Estado en cada una de las entidades federales? ¿Dónde quedó la iniciativa educativa de incorporar en la Ley Federal de Educación, en los Libros de Texto Gratuitos, en el Libro del Maestro y en los planes de estudio de las Escuelas Normales una normatividad y un análisis sobre el papel educativo de los medios de comunicación? ¿Por qué se olvidó la sugerencia de realizar las adecuaciones legales correspondientes para salvaguardar las particularidades regionales y la identidad nacional? ¿Donde quedó la idea de apoyar el proyecto de la descentralización y regionalización cultural y comunicativa del país? ¿Por qué se sepultó la propuesta de legislar sobre la obligatoriedad y solvencia de una certificación publica del tiraje real y de la circulación de los periódicos y revistas, en favor de una mejor competencia en el mercado y de la claridad y veracidad con respecto a los lectores?..
Ninguno de estos reclamos básicos de la sociedad civil han sido contemplados en el proyecto comunicativo del mercado y del poder al final del siglo XX. Es por ello, que es necesario repensar que hacer en términos políticos para crear otro proyecto colectivo de comunicación social que si rescate el espíritu de estos planteamientos esenciales para democratizar a la sociedad mexicana.
Debemos reconocer, que la Reforma del Estado en materia de comunicación, no es una reforma jurídica mas para modernizar al Estado mexicano; sino que por su naturaleza vertebral que cruza todos los ámbitos de la vida comunitaria y cotidiana, es la reforma mas importante de la sociedad mexicana de finales del siglo XX, pues es a partir de esta renovación como se determinarán las vías que modificarán o no los procesos para construir la conciencia colectiva nacional de final de milenio. De ello dependerá si se crean las bases político-sociales para generar una conciencia para el avance de la República o para su retroceso mental, social y civilizatorio en el nuevo siglo.
NOTAS
(1) Iniciativa de Ley de Comunicación Social. Proyecto de Ley reglamentaria de los Artículos 6º y 7º Constitucionales en Materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, Comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la XLVII Legislatura, Honorable Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, México, D.F., marzo de 1998, página 12.
(2) Francisco Labastida, Palabras Presentadas por Francisco Labastida Ochoa, Secretario de Gobernación en la Comida del XLVII Aniversario del Día de la Libertad de Prensa, México, D.F. 8 de junio de 1998.
(3) Regular o no ... y si se hace ¿quién?, Excelsior, 21 de julio de 1998.
(4) Palabras de Sr. Emilio Nassar, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), en la Clausura del Simpósium sobre Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F., 21 de julio de 1998.
(5) Ikram Antaki, conceptos expresados por la escritora en la conferencia de prensa, foro sobre Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F., 21 de julio de 1998.
(6) Virgilio caballero, Etica y Regulación de los Medios al Final del Milenio, Conferencia Internacional: "Etica y Autorregulación de los Medios a Fin de Milenio", Fundación Konrad Adenauer Sitiffung, Universidad Iberoamericana y UNESCO, México, D.F., Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce, 22 de Octubre de 1998.
(7) Marcos Rascón, Los Medios de los Medios. (Otro Caso de Anatocismo), La Jornada, 15 de octubre de 1998.
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