viernes, 5 de abril de 2013

Fwd: NO SE PIERDAN EL CIUDADANO BUELNA EN LOS CINES A PARTIR DE HOY


Inicio del mensaje reenviado:

De: José Luis Alonso Vargas <joseluisalonsovargas@gmail.com>
Fecha: 5 de abril de 2013 10:54:35 GMT-06:00
Para: chelis Alba <chelisalba@gmail.com>
Asunto: NO SE PIERDAN EL CIUDADANO BUELNA EN LOS CINES A PARTIR DE HOY

Rodrigo López Zavala.- BRILLANTE Y EJEMPLAR HIJO DE LA UAS Y DE SINALOA. Gocé la película "Ciudadano Buelna". Es la vida política de un estudiante del Colegio Civil Rosales, antiguo nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Rafael Buelna Tenorio, "El Granito de oro", fue estudiante de Derecho y crítico de la dictadura porfirista, abandonó su comodidad estudiantil y se convirtió en el general más joven, y guapo dicen las mujeres, del movimiento revolucionario. Los actores Santiago Zurita y Damián Alcázar mis aplausos. El primero protagonizó a Buelna. Este es un trozo del filme agitando a los estudiantes y cuestinando a Diego Redo, el gobernador de la época.
Es una probadita, véanlo
Jose Pablo Ruelas Sepulveda.- No tengo la menor duda de que con la filmación de la pelicula "El Ciudadano Buelna", se recrea en la conciencia colectiva de aquellos universitarios que les ha tocó la oportunidad de vivir en carne propia los desencuentros con el gobierno en turno, traducida en represión directa de los lideres estudiantiles de la UAS, para ellos mi admiración y respeto.

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Profr. José Luis Alonso Vargas
Tel. 0445540966159

Fwd: En memoria del 4 de abril


Inicio del mensaje reenviado:

De: chelis Alba <chelisalba@gmail.com>
Fecha: 5 de abril de 2013 11:01:31 GMT-06:00
Para: José Luis Alonso Vargas <joseluisalonsovargas@gmail.com>
Asunto: Fwd: En memoria del 4 de abril



---------- Mensaje reenviado ----------
De: David Cilia Olmos <davidciliaolmos@gmail.com>
Fecha: 4 de abril de 2013 18:44
Asunto: En memoria del 4 de abril
Para:


La madrugada del día 4 de abril de 1990, en la ciudad de México, más de 166 personas fueron secuestradas por la policía. Entre los detenidos se encontraban niños desde seis meses de edad y ancianos, además de una gran cantidad de hombres y mujeres en edad adulta. Todos ellos fueron amarrados y trasladados en vehículos policiacos al Cuartel de la Policía Judicial del Distrito Federal donde fueron interrogados como si fueran criminales. Las casas y oficinas donde habían sido detenidos  fueron allanadas y saqueadas por la policía. Niños de 4 a 11 años, fueron arrancados de las manos de sus padres para ser interrogados, a sus padres se les amenazó con desaparecerlos y asesinarlos junto con otros familiares.

Como en los viejos tiempo de Brigada Blanca y del Grupo Jaguar, a todos los policías de la ciudad de México se les ordenó cercar colonias enteras, derribar puertas en lugar de tocar el timbre, disparar en lugar de ordenar "manos arriba", incomunicar familias completas y vecinos, secuestrar a pacíficos ciudadanos y torturarlos frente a sus hijos, padres y hermanos, torturar a familias completas para que se declararan culpables de delitos que jamás imaginó.

Así la policía Judicial del Distrito federal, la Policía Judicial federal, el Grupo Especial de respuesta Inmediata y la Dirección de Seguridad Nacional imponían un virtual estado de sitio y desplegaban el Operativo Guerrilla, nombre clave que se le dio a la redada policiaca del 4 de abril. Esta era la forma en la que el Procurador de Justicia del Distrito Federal acataba las órdenes del Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari de resolver el caso de dos vigilantes del periódico La Jornada ocurrida dos días antes.

A 23 años de esa terrible y masiva violación a los derechos humanos, hay que recordar a las víctimas de la redada del 4 de abril del 90 y hacer el reconocimiento a su valor civil y heroísmo frente a las torturas. En especial recuerdo a la abuela de uno de los militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien murió a consecuencia directa de la brutalidad policiaca en dicho evento.

Quiero hacer un reconocimiento a los y las niñas, ciudadanos y combatientes por la libertad y defensores de los derechos humanos, a los periodistas comprometidos, y al abogado Adán Nieto Castillo que hicieron posible que esta infamia se revertiera y años más tarde todos los detenidos quedáramos en libertad.

 

David Cilia Olmos

4 de abril de 2013


lunes, 1 de abril de 2013

Sin trabajo, las nuevas comisiones en San Lázaro; costarán 279 millones de pesos


Sin trabajo, las nuevas comisiones en San Lázaro; costarán 279 millones de pesos

Enrique Méndez y Roberto Garduño

■ La instancia legislativa que analizará la corrupción con permisos para casinos no se ha integrado

■ La mayoría no han presentado iniciativas ni sus miembros se ha reunido a sesionar

Las 11 nuevas comisiones ordinarias y las 27 especiales creadas en septiembre por la Cámara de Diputados para dar un cargo a legisladores no funcionan, a pesar de que las primeras representarán un costo de 145 millones de pesos, y las segundas 134 millones durante los tres años de la 62 Legislatura.

Esas instancias legislativas, que se constituyeron para hacer presidentes de comisiones a diputados que no lograron ese puesto en el primer reparto, prácticamente no tienen iniciativas, y de las pocas que han recibido, sólo hay un dictamen votado por el pleno –en diciembre– para que microempresas de mujeres reciban créditos.

El reparto discrecional de comisiones se reflejó en que el pleno avaló entregar las especiales de Análisis de la Agroindustria Azucarera y de Lucha contra la Trata de Personas a los hermanos Tomás y Leticia López Landero, respectivamente –que militan en el PRI y el PAN–, aun cuando no son especialistas en esos temas.

La ausencia de materia en las comisiones ordinarias y especiales implica que ni aun quienes las presiden han presentado iniciativas de su especialidad.

El gasto en cada comisión ordinaria es de 4.4 millones de pesos al año, que incluye automóvil, chofer, secretario técnico, asesores, teléfono celular y vales de despensa para el presidente, mientras que el cálculo del subsidio a las especiales es de 1.7 millones, porque sólo se les autoriza un secretario técnico, un menor saldo de telefonía móvil y de vales de despensa.

Durante los primeros seis meses de la Legislatura, y a un mes de que termine el segundo periodo ordinario de sesiones, las siguientes nuevas comisiones no han recibido iniciativas y, por tanto, no se han reunido a sesionar: Agua Potable y Saneamiento, que preside Kamel Athie Flores (PRI), ex coordinador de asesores del gobernador de Chihuahua, César Duarte; Asuntos de la Frontera Norte, que encabeza Jaime Bonilla (PT); Asuntos Frontera Sur-Sureste, que está a cargo de Eduardo Ramírez Aguilar (PVEM); Cambio Climático, presidida por Antonio Sampayo (PAN); Ganadería, que dirige Salvador Barajas del Toro (PRI), e Infraestructura, en manos de Alberto Curi Naime, ex secretario de Educación del estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la ex gobernadora de Zacatecas Amalia García Medina, que pretendía coordinar la Comisión de Vigilancia, ha recibido una iniciativa para impedir la violación de derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración y garantizar el tránsito seguro de indocumentados, presentada el 6 de febrero.

En contraste, la Comisión de Competitividad, que preside Adolfo Orive (PT), dictaminó –y el pleno la votó en diciembre– una iniciativa del PAN para financiar microempresas de mujeres, la única que se le ha turnado para su análisis.

Aunque dos comisiones de nueva creación sí han recibido iniciativas, de plano no trabajan. Es el caso de la del Deporte, que se entregó al ex medallista olímpico Felipe El Tibio Muñoz (PRI), donde están pendientes tres propuestas para acotar la discriminación en el deporte y garantizar la seguridad en recintos deportivos. También la de Recursos Hidráulicos, que preside Gerardo Goudiño (PRD), donde están congeladas cuatro iniciativas.

Asimismo, la Comisión de Protección Civil tiene pendientes dos iniciativas recibidas, una de éstas de su propio presidente, Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano), para reducir de cinco a tres días el plazo para declaratoria de desastres naturales.

La misma inactividad se refleja en las comisiones especiales, que por su estatus no pueden recibir iniciativas ni presentar dictámenes, sino sólo opiniones. Aun así, su récord de trabajo es cero y el nivel de participación de diputados se reduce.

En este caso están las tres comisiones especiales para las cuencas Lerma, de Burgos y Cutzamala; para Impulsar la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados; la de Agenda Digital, que preside Juan Pablo Adame (PAN), hijo del ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame.

También la de Desarrollo Sustentable, de la que es presidente el nieto de Elba Esther Gordillo Morales, René Fujiwara Montelongo; la de Industria Automotriz, que preside el empresario alcoholero y de metanol Salvador Romero Valencia (PRI).

Diputados del PVEM que forman parte de la llamada telebancada fueron beneficiarios del reparto, como Ana Lilia Garza, ex subdirectora jurídica de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión y con vínculos con Tv Azteca, y no ha presentado una sola iniciativa en medio año. En el sistema de información parlamentaria sólo aparece como adherente o suscriptora de iniciativas de otros diputados.

La comisión especial para dar seguimiento a la corrupción con permisos en casinos durante el sexenio de Felipe Calderón no se ha integrado.

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domingo, 31 de marzo de 2013

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La licitación de dos nuevas cadenas de TV abierta da lugar a cuestionarnos en qué medida nos veremos beneficiados los televidentes con la apertura a más competidores en este sector.  Mayor inversión, nacional y extranjera, dará lugar a más actividad económica, lo que impactará positivamente al PIB del país, reflejándose en una mayor generación de empleos, en todos los niveles. Sin embargo, la verdadera transformación de la televisión, a través de sus contenidos, se dará como resultado de un proceso en el que los empresarios involucrados adopten una responsabilidad social real. También, en la medida en que la sociedad  asuma  su poder de "rating", que es el que en mayor grado determina la calidad y variedad de contenidos que habrán de ofrecerse en un mercado televisivo ya de competencia, y no de monopolios. Y todo ello, bajo el eje rector del Estado.

Recientemente, dos dirigentes de cúpulas empresariales, Gerardo Gutiérrez Candiani del CCE,  y Claudio X. González del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, externaron su preocupación frente a las nuevas facultades de los organismos autónomos reguladores  (CFC y el IFETEL), propuestos en la reforma de telecomunicaciones. Y cómo no, si por primera vez el gobierno propone lineamientos regulatorios y de control a prácticas empresariales que no conocían límites.  Ahora, en el diseño de las políticas públicas en México hay directrices encaminadas a promover la responsabilidad social empresarial ya que, subordinados a sus objetivos financieros, los empresarios deben empezar a considerar beneficios sociales. Por su propia conveniencia, las empresas deben satisfacer las expectativas de una sociedad cada vez más empoderada, además de las leyes del mercado.

Hoy en México no existen empresas de televisión abierta socialmente responsables. El Teletón de Televisa, y su Fundación, no califican como esfuerzos de cabal responsabilidad social, aunque sus bondades sean innegables.  La difusión de contenidos de mayor calidad y carácter plural,  que contribuyeran a generar una demanda más calificada entre la población, junto con el objetivo del Estado de mejorar el nivel educativo, elevarían a Televisa a este nivel.

La responsabilidad social de los empresarios no se reduce a campañas a favor de la ecología (ser "verdes"), o filantropía (creación de fundaciones que muchas veces sirven más para fines fiscales, que para los propósitos que las originan).  Es un concepto más integral que abarca  la relación de la empresa con todos sus "stakeholders" o grupos de interés: empleados, accionistas, consumidores, proveedores, inversionistas, gobierno, comunidad; y las prácticas que llevan a cabo para mejorar su entorno y generar "valor compartido", a través de una gestión responsable que involucra a todas las partes interesadas. Es en el propio provecho de los empresarios que empiecen a preocuparse por estar por encima del tráfico de influencias y corrupción, y aborden intereses sociales.

Obtener el  "grado" o reconocimiento de empresa socialmente responsable, tiene cada vez mayor relevancia económica y financiera a nivel mundial. La comunidad financiera, a través de los Índices de Sustentabilidad y Responsabilidad Social en las bolsas de valores como la de México, EU, Brasil, España, y Reino Unido, así como grandes fondos de inversión globales como Fidelity, y Bloomberg en información financiera, empiezan ya a privilegiar decisiones de inversión hacia empresas que destacan por su responsabilidad social, lo que eventualmente podría impactar sus costos de fondeo.

El tema de la responsabilidad social empresarial o corporativa, (RSE/RSC), surge a partir de la actividad empresarial interconectada en el mundo a través de las empresas multinacionales, por la inversión extranjera directa, sujeta a un escrutinio social cada vez más profundo. Se han establecido estándares por la ONU  (Pacto Global), y en las Líneas Directrices de la OCDE, para ejercer algún tipo de  presión política para exhibir a empresas "irresponsables", y así se apliquen controles para solución de conflictos.

La International Standarization Organization promulgó la ISO26000 sobre estándares aceptados de responsabilidad  social en 2010, y en México se publicó en el Diario Oficial en el 2012. Aunque es una norma no certificable, implementarla le da a las empresas mayor reputación para mejorar su relación con sus "stakeholders", y tener ventajas competitivas.

La RSC no es moda, es un nuevo paradigma empresarial imprescindible para dar respuesta a las expectativas de la sociedad, para una competitividad sostenible de las empresas. Empieza a ser parte de una nueva cultura empresarial. La Escuela de Negocios de Harvard tiene ya un curso sobre RSC en su matrícula.

La RSC involucra a la administración pública para crear una estructura de control, vigilancia y coordinación de todas las acciones relacionadas a este tema; y a los trabajadores en una cultura orientada a la productividad. En España existe hoy un Plan Nacional de Responsabilidad Social, y empresas como General Motors emiten ya un Reporte Anual de RSC.

En el marco de las dos nuevas cadenas de TV abierta, aunque sea  el ánimo de  lucro el que motive a los empresarios a invertir en este sector, si éstos no quieren ser concebidos como meros  mercenarios de la televisión,  como parte de su responsabilidad social fundamental será necesario que pongan un gran énfasis en crear valor, para que contribuyan al enriquecimiento educativo  y formativo de los mexicanos, y así se generen condiciones que propicien una demanda más calificada para mejorar contenidos.

Quizás sea mucho pedir,  pero vale la pena intentarlo, en el contexto del mundo que hoy vivimos, y que cada vez más reclama beneficio social frente a la excesiva concentración de riqueza, con la participación de todos…

Video animado de youtube sobre la ISO26000, para entender la RSC.

http://www.youtube.com/watch?v=rsQ_lM9vrwQ&feature=player_embedded

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Gobierno de Puebla se empecina en violentar zona de monumentos

PUEBLA, Pue., (apro).- La determinación del gobierno del estado de modificar la ruta del teleférico para que no llegue hasta el Barrio del Artista, no es suficiente, pues el resto de las estaciones siguen en la zona de monumentos, advirtió el Comité de Ciudadanos en Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla.

Aunque Bernardo Huerta Couttolenc, secretario de Transportes (ST) del estado, anunció que la estación terminal del recorrido, que se empezó a construir en el Barrio del Artista, donde fue demolida una casa del siglo XVII conocida como Casa del Torno, quedaría anulada para que el recorrido se reduzca 200 metros y llegue sólo hasta el Barrio de San Francisco.

De esta forma, el gobierno del estado busca que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) finalmente otorgue el permiso para la obra, en la que se contempla una inversión de 200 millones de pesos, se concluya, pese a que se inició sin contar con las licencias que obliga la ley.

Al mostrar el plano de la zona de monumentos, la historiadora Rosalva Loreto, hizo ver que, pese al cambio, la obra en todo el resto de su trayecto sigue en área protegida.

Consideró que sería un error que el INAH otorgue el permiso sólo por esta modificación, pues aún "estaría violando leyes internacionales de conservación de sitios y monumentos".

La insistencia del gobierno del estado, de construir este teleférico como un nuevo atractivo turístico, ha ocasionado que las organizaciones civiles Comité en Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla y la Fundación Toussaint interpusieran un amparo ante un juzgado federal.

También, la organización de la Unesco, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha advertido sobre el impacto que tendría esta obra para el paisaje arquitectónico de esta ciudad, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Incluso, han iniciado los trámites para solicitar ante la Unesco que Puebla sea incluida en la lista de Patrimonio en Peligro.

Las agrupaciones civiles han señalado que luego de que por diversas vías se ha demostrado que el gobierno del estado inició ilegalmente la obra sin contar con permisos y que incurrió en un delito federal al demoler una casa que se encontraba en el Catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos, el INAH tiene ya suficientes argumentos para ordenar que las torres, que ya están construidas parcialmente, sean desmanteladas.


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Puebla, en la batalla por el teleférico de la discordia - construccion - obrasweb.com

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Puebla, en la batalla por el teleférico de la discordia

El próximo 1 de abril se definirá el juicio de amparo interpuesto contra la construcción de una de las cinco torres del teleférico de Puebla.

Teleferico_puebla
FOTOGRAFÍA Tomado de Flickr/Vladimix

Miércoles, 27 de marzo de 2013 a las 18:00
POR Sheila A. Sánchez Fermín

CIUDAD DE MÉXICO — El próximo 1 de abril se definirá el juicio de amparo interpuesto contra la construcción de una de las cinco torres que sostendrán al teleférico de la ciudad de Puebla, impulsado por el gobierno estatal.

El Comité Defensor del Patrimonio Cultural, Histórico y Ambiental de Puebla (Codepa) y la Fundación Manuel Toussaint iniciaron un proceso legal en contra de la administración estatal, por la demolición de la Casa del Torno -catalogada como inmueble histórico-.

"No puede ser que el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) desde que se dio cuenta en octubre que empezó la obra dentro de la zona de monumentos, no haya clausurado las obras, no puede ser que nunca pusieron un sello", comenta Rosalva Loreto, presidenta del CODEPA Puebla.

Debido a que el INAH no cumplió con su función, está acusado de un delito de omisión de autoridad, junto con el mismo gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla, agrega, en entrevista con Obras.

"En diciembre cuando pudieron haber actuado (las autoridades del INAH) para detener la obra no lo hicieron, no sabemos por qué no lo hicieron y lo empezaron a hacer hasta enero, cuando la obra estaba muy avanzad", agrega Felipe Echenique March, líder del Sindicato de Académicos e Investigadores del INAH.

Asimismo, los dos grupos que denunciaron la actividad ilícita solicitaron al Infomex, Unidad Administrativa de Acceso de Información de Puebla, un escrito relacionado  (Descargar documento) con la operación del teleférico, pero no obtuvieron una respuesta detallada.

"Al respecto se hace de su conocimiento que esta información se encuentra restringida bajo la naturaleza de información reservada en el acuerdo de fecha 02 de Enero del año en curso…",  misma que ha sido enviada en más de tres ocasiones.

Obras solicitó información a Fernando Crisanto, Vocero y Coordinador de Enlace de Medios del Gobierno del Estado de Puebla, en relación al teleférico. Al respecto comentó: "en este momento no tenemos nada público. No tenemos ahorita una posición en especial".

De acuerdo con la directora de la Codepa Puebla, el mismo INAH será quién determine la resolución final del caso, puesto que la Comisión Nacional de Monumentos e Inmuebles –institución que formó Sergio Raúl Arroyo, director general del (INAH), para estos casos- ya dictaminó, pero no es oficial.

Por su parte, Echenique, solicitó ampliar la averiguación de la construcción del teleférico, ya que muestra "una notoria destrucción, alteración y aniquilación de una de las porciones más emblemáticas de la zona de monumentos históricos de la ciudad de Puebla que comprende el cerro de Acueyametepec y los Fuertes de Loreto y Guadalupe" (Descargar documento).

"Construir esa cosa ahí es un delito, porque transgrede la ley federal de monumentos. Esta torre no está autorizada, y se supone que el Gobierno de Puebla así lo planteó, e incluso iba a bardear esta zona para evitar accidentes", agrega en entrevista el líder sindical.

Echenique puntualiza que la falta de transparencia y la serie de manejos obscuros están fuera de la ley. Y añade: "lo que trascendió en los últimos días es que no van a hacer cumplir la ley, porque finalmente siguen construyendo la torre que está en Los Fuertes y están buscando otro espacio para construir la torre cinco. La obra sigue corriendo".

Por su parte, Loreto argumenta: "El problema son los limites de la ley, porque cuando se cometen ilícitos como la destrucción se aplica la restitución del inmueble o un número de salarios mínimo por la destrucción -como marca la Constitución para la sanción de un funcionario-".


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