lunes, 4 de noviembre de 2013

Reporte Económico


Reporte Económico

David Márquez Ayala

Reporte Económico

La superficie sembrada en 2013 de los cuatro cultivos básicos se calcula en 10.0 millones de hectáreas, unas 280 mil más que en 2012. Del total, tres cuartas partes son de maíz (7.6 millones de hectáreas), 1.7 m/ha de frijol, 700 mil de trigo, y 300 mil de arroz (Gráfico 1).

Con ello, la producción esperada este año de los cuatro básicos asciende a 27.5 millones de toneladas, 3.3% más que en 2012, de las cuales el 81.5% (22.4 millones de toneladas) corresponden al maíz; el 13.6 (3.7 mt) al trigo; el 4.2% (1.2 mt) al frijol; y el 0.7% (200 mil toneladas) al arroz (Gráfico 2). Estas cifras significan que hoy el país produce menos trigo y arroz que hace tres décadas (1985), menos frijol que en 1990, y que sólo ha aumentado la producción de maíz, aunque este año sea menor a la de 2010.

Esta antipolítica agrícola le ha costado al país pasar de la autosuficiencia a la dependencia externa de alimentos: en 2012, de cada 100 kilos aquí consumidos, 18 fueron importados en el caso del frijol, 31 en maíz, 64 en trigo y 83 en arroz (Gráfico 3).

Cifras detalladas de produc-ción, comercio exterior y consu-mo de estos granos básicos, más la soya y el sorgo, se presentan actualizadas en el gráfico 4 para los últimos cuatro años.

En los productos pecuarios, la incidencia de las importaciones en este año no presenta mejora sustantiva: se importa el 12.9% del consumo de carne de bovino, el 14.9% de aves, y el 36.8 de cerdo (Gráfico 5). Así mismo, es importado el 15.2% de la leche y el 21.3 del huevo.

Si quienes gobiernan estuvieran realmente preocupados por la creciente incidencia de obesidad y disfunciones similares (problemas de salud urbanos, no rurales), bien harían en establecer normas sanitarias estrictas para que todos los productos alimenticios de origen animal que se consumen en el país (nacionales o extranjeros) estuvieran totalmente limpios de sustancias anabólicas, hormonas y químicos dañinos; así como libres de transgénicos tanto los productos para alimento animal como, con mayor razón, para consumo humano. Esto en vez de la vergonzosa apelación del gobierno a la orden judicial de suspender permisos para sembrar maíz transgénico.

Los precios del absurdo

Con sobrada razón, día a día se multiplican y suben de tono las protestas y demandas de los productores agropecuarios ante el desorden, los abusos y la de-predación que los "mercados" (los oligopolios que abastecen de insumos, adquieren e industrializan los productos del campo) están causando, con una pasividad cómplice (y deplorable) del gobierno.

Uno de los elementos centr-ales de tal depredación está en la anarquía de los precios, la inseguridad del mercado y la incertidumbre de ingresos.

Un ejemplo ilustrativo es el maíz (Gráfico 6). Tomado los últimos siete años, los precios promedio pagados al productor primario fueron ruinosos de 2007 a 2010; circunstancias especiales llevaron en 2011 el precio a $4.85 kg , muy cerca de los $5.00 que debía ser el precio mínimo garantizado por kilo; sin embargo, a partir de ahí descendió a 4.00 en 2012, y ahora lo quieren pagar a $3.50

Esto a pesar de que el precio de la tortilla (y otros derivados industrializados) muestra en el período un constante aumento y ninguna disminución, lo cual in-dica que los intermediarios están obteniendo un lucro indebido a costa del productor del campo y del consumidor final.

Si el precio actual de la tortilla (3er trimestre) es de 12.4 pesos por kilo, no hay excusa para no pagar el 45% de su precio al productor primario, esto es, 5.60 pesos por kilo de maíz (al que sólo se acerca el precio en el DF), máxime considerando que de cada kilo de maíz se obtienen 1.2 kg de tortilla, y que en los últimos tres años el costo de la semilla para siembra aumentó 69%, y el de los fertilizantes 51%, sin contar otros insumos ni el imparable precio del diesel.

Referenciar los precios en toda la cadena de producción y consumo interno de básicos en forma justa para todos los que en ella participan, es un imperativo inaplazable para la estabilidad económica y la paz social en el campo.

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