Proyecto alternativo de nación 2018. Luis Ortega Morales

A la candidata de MORENA en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se le ha acusado de descontar a los funcionarios que lo solicitaban, el 10% de su salario para entregarlo a la dirección municipal de Morena.

Recordemos que la CROM en 1927 exigía contribuciones a los empleados del ayuntamiento de la Ciudad de México y de los municipios sub urbanos controlados. “La Confederación detentó el derecho de exigir contribuciones en efectivo a los empleados públicos, hasta que salió del gobierno en 1928” (Barry Carr. El movimiento obrero 1910-1929. SEP Setentas. 1976)

El descuento de las cuotas sindicales a los trabajadores, desde la nómina de las empresas y de las dependencia públicas, así como de días de salario y contribuciones especiales, ha sido algo común en México, que ha permitido que los líderes sindicales obtengan cuantiosos recursos para enriquecerse. Así conocemos de montos millonarios de los maestros en el SNTE, de los convenios con el Sindicato de petroleros, que fue canalizado para la campaña del PRI a la presidencia de la República.

Lo mismo sucede ahora con los empleados, funcionarios, regidores, diputados locales y federales que aceptan que les descuenten la cuota a sus Partidos a través de la nómina.  Los dirigentes profesionales son incluidos en la nómina.

Esta práctica no es un delito y están contenidos en los convenios colectivos de trabajo, que le ha permitido al PRI mantener el control de las centrales sindicales, el corporativamente y la pertenencia colectiva obligatoria al PRI.

Lo mismo sucede con los empleados, funcionarios, regidores, diputados locales y federales que les descuenten la cuota a sus Partidos y aportaciones a campañas presidenciales, a través de la nómina. Los dirigentes profesionales son incluidos en la nómina.

Para acabar con estas prácticas corporativas, debe prohibirse reformando las leyes.

Proponemos:

No se pactarán ninguna aportación especial en monetario a los sindicatos y agrupaciones de trabajadores.

Serán ilegales todos los descuentos por nómina que se hagan a los trabajadores y funcionarios públicos, con motivo de cuotas sindicales, aportaciones partidarias, o colaboraciones de cualquier tipo.

Las organizaciones de trabajadores de las entidades públicas, serán sujetos obligados en materia de transparencia, con relación a los recursos y prestaciones recibidas por contratos y convenios colectivos.

Los Grupos parlamentarios serán sujetos obligados para transparentar sus gastos y estarán prohibidas las aportaciones a partidos políticos, candidatos o funcionarios partidarios de cualquier tipo.