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La destrucción de la Constitución de 1917
Adolfo Gilly / La Jornada
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México ingresa en un cambio geopolítico histórico. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada en Querétaro en 1917, ha sido desmantelada por el Congreso de la Unión. Estamos ante una concesión de hecho del subsuelo territorial de la nación a la potencia mundial vecina, Estados Unidos.
Es un proceso destructivo del régimen constitucional que comenzó en noviembre de 1991, cuando se reformó el artículo 27 para abrir la puerta al despojo y la privatización de las tierras ejidales, y culmina en diciembre de 2013, cuando una contrarreforma aún más radical acaba de destruir ese artículo pilar de la Constitución, como ya han sido desmantelados en los hechos los originarios artículos 3º, relativo a la educación, y artículo 123, sobre los derechos y garantías de los trabajadores. Este proceso, por otra parte, ya había comenzado antes en las políticas del PRI: charrismo en el sindicato, despilfarro y corrupción en la administración de Pemex.
La Constitución de 1917 ha sido destruida en sus esencias. Tenemos en México muchas leyes. Pero hoy México es un país sin ley, que ha desprotegido a los trabajadores del campo y de la ciudad, así como a sus grandes riquezas naturales, frente a la voracidad del capital trasnacional y las ambiciones de dominación del vecino del norte y sus socios locales.
El desmantelamiento de los artículos 27 y 28 Constitucionales sólo puede compararse en la historia nacional con el fracasado proyecto del Tratado McLane-Ocampo, sin que ninguna situación extrema como fue la intervención francesa le conceda siquiera una sombra de justificación. Esta es la dimensión de lo resuelto por el Congreso de la Unión en este diciembre de 2013.
No se trata ahora de detenerse a imprecar o denostar a quienes así lo decidieron. Se trata de organizar con empeño, tenacidad y paciencia las fuerzas materiales, humanas y territoriales para restablecer en este país la ley de la nación, eso que en Estados Unidos llaman the law of the land y consideran supremo valor a respetar en su territorio y a violar en naciones ajenas: Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Panamá, Colombia. Incluida la ocupación de Guantánamo, este listado no tiene fin.
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Destruidos en su esencia los pilares de la Constitución de 1917 –el artículo 27 y su corolario, el artículo 28; el artículo 3º y el artículo 123– se abren las compuertas para que México se vea atraído como país satélite de Estados Unidos. No exagero: no abren así su territorio y sus leyes Francia ante Alemania, Italia frente a Francia, Gran Bretaña frente a Estados Unidos o la India frente a China.
Tómense los ejemplos que se quiera, pero lo cierto es que el proceso de integración y subordinación desencadenado desde la presidencia de Miguel de la Madrid ha pasado una frontera que no tendrá retorno sin un gran sobresalto humano, material y espiritual de la nación entera.
Enumero las consecuencias que en este momento aciago alcanzo a ver:
I. Rendición de soberanía
1. Integración subordinada: Por primera vez en su historia, México se subordina a la nación vecina, Estados Unidos, e integra su soberanía de hecho en la plataforma continental de esa nación.
2. Subordinación financiera a un centro extranjero: Wall Street.
3. Subordinación productiva: ya estipulada en el Tratado de Libre Comercio y consolidada con la derogación de la sustancia de los artículos 27 y 28.
4. Subordinación territorial y militar al Pentágono y sus servicios de inteligencia, ya establecida bajo Calderón y García Luna.
5. Subordinación política a Washington, DC, como corolario necesario de lo anterior.
Son todos rasgos, hasta cuesta escribirlo, de un gran Estado satélite, como antes Polonia con la Unión Soviética o la Nicaragua de Somoza con Estados Unidos.
II. El Suchiate, virtual frontera sur de Estados Unidos
1. Migrantes: el Estado mexicano actúa como control y garante de las fronteras de Estados Unidos contra los migrantes de Centro y Suramérica. Lo que vivimos en nuestro territorio nacional es una masacre metódica y cotidiana subordinada a los intereses y necesidades de Washington, llevada a cabo por armas mexicanas y por responsables del Instituto Nacional de Migración.
2. Guerra sucia: en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Zacatecas y otros estados de la república se vive, como ya lo anotó Luis Hernández Navarro en estas páginas, una auténtica guerra sucia, dirigida a desorganizar por el terror y a despojar a las poblaciones de sus bienes, sus derechos, sus organizaciones y sus vidas. Esta violencia cotidiana pesa como una fuerza de desorganización para intimidar, desmoralizar, paralizar y disolver resistencias y respuestas. Las policías comunitarias, reprimidas por el Estado o por el narco, son legítimas reacciones de autodefensa ante la desprotección y el terror y testimonios del grado de desintegración de la relación estatal entre gobernantes y gobernados.
3. Narcotráfico: rama poderosa de la economía y la política estrechamente ligada a los canales financieros de México y Estados Unidos y a poderes de ambos países.
4. Presencia permanente y actividad reconocida y pactada del Ejército y los cuerpos policiales y de seguridad del país vecino en el territorio de la nación mexicana.
5. Consolidación y despliegue del mecanismo de subordinación y cesión de soberanía denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
III. Cambio epocal
Esta situación límite, antes desconocida en la historia de México y de América Latina, tiene lugar en el contexto de un cambio epocal de las relaciones de dominación entre las naciones, de sus relaciones políticas y económicas y de las relaciones sociales entre capital y trabajo, ciudad y campo, sociedad y recursos naturales, dentro de cada contexto nacional tal como lo vivimos en este siglo XXI.
En este universo epocal subordinar la soberanía, la economía, los derechos, los salarios y los ingresos, el territorio, la naturaleza y la nación mexicana a los intereses y necesidades de la nación vecina, Estados Unidos, y de sus centros financieros y militares, constituye un vuelco de dimensiones históricas aún difícilmente imaginables. Se trata de un golpe de mano llevado a cabo sin discusión ni consulta, que no responde ante la nación y su pueblo sino a los intereses de los beneficiarios actuales de esas políticas y sus aliados y clientes locales. Tampoco se trata de los intereses del pueblo de Estados Unidos, sino de los de Wall Street y el Pentágono.
Es una emergencia en nuestra historia. Es preciso unirse y organizarse en libertad y democracia, más allá de cualquier otro interés o diferencia en el presente, más allá de cualquier resquemor o distancia en el pasado, organizarse en todos los terrenos y con todos los medios y formas –todos– que prevé y autoriza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con toda la libertad y la protección que desde su artículo 1º dicha Constitución garantiza.
La Constitución desfigurada
Diego Valadés / Reforma
Twitter: @dvalades
La Constitución está siendo desfigurada en una dimensión que hasta ahora era inimaginable. El proyecto de reformas sobre energéticos contiene contradicciones y errores que asombran.
A pesar de los defectos acumulados a lo largo de décadas, la Constitución había conservado cierta dignidad. Las reformas previas, hechas a veces con precipitación y sin el rigor necesario, nunca incurrieron en los desaciertos actuales.
Al margen de coincidir o no con el contenido de la reforma en trámite, es imposible dejar de reaccionar ante la deformación constitucional que implica. No recuerdo otro caso, en México, en el que se haya procedido con tanto desdén por las palabras de la ley.
Mencionaré sólo lo más ilustrativo. La iniciativa presidencial, con mayor coherencia técnica, planteó la supresión del petróleo y del gas como parte de las áreas estratégicas a las que refiere el artículo 28. En virtud de que las críticas fueron muy intensas, ahora se opta por dejar esas áreas como están, para servir de fachada nominal. Se mantiene formalmente el principio de que la exploración y explotación de petróleo y de gas no constituyen un monopolio aun cuando el Estado las "ejerza de manera exclusiva". También se sostiene la prohibición constitucional vigente, del artículo 27, en el sentido de que en cuanto a hidrocarburos "no se otorgarán concesiones".
Sin embargo en las líneas que se pretende adicionar al 27 se admiten contratos con particulares para "exploración y extracción", y una ambigua figura denominada "asignaciones", que servirá para todo lo que se desee. Luego, a través de los transitorios, se va más lejos porque se precisa que esos contratos pueden ser de servicios, de utilidad y de producción compartida, y de "licencia". En pocas palabras, en una parte de la Constitución se negarán las concesiones con ese nombre y en otra se otorgarán con denominaciones equivalentes.
En los transitorios se incluye asimismo el derecho de las empresas extranjeras para reportar en sus estados financieros el petróleo mexicano. Será muy llamativo que los inversores se den por satisfechos con lo que aparezca en unas disposiciones transitorias, o sea, efímeras, y que no figurarán en el texto de ninguna edición de la Constitución. Si los autores del proyecto consideran que con esos transitorios darán seguridad jurídica a los inversores internacionales es porque tal vez cuenten con otro recurso, al que no se hace alusión en el dictamen ni ha surgido en los debates: el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos.
Cuando entren en vigor estas reformas, las reservas en cuanto a petróleo y gas contenidas en el TLC quedarán sin sustento y las controversias que surjan no serán sometidas a la jurisdicción mexicana sino al arbitraje internacional, o se solucionarán de acuerdo con las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial. Esta circunstancia ofrecerá ventajas procesales a quienes en el futuro litiguen contra México con motivo del nuevo régimen contractual.
Las disposiciones transitorias tienen, como su nombre indica, una eficacia perentoria. Su objeto se agota en el tiempo. En México no se habían utilizado los transitorios como técnica de engaño y de ocultamiento, como se hace en el caso de esta reforma. De los 21 transitorios, 11 contienen disposiciones permanentes que deberían formar parte del cuerpo constitucional.
Para que el lector se haga una idea de las características del proyecto, de las 6,900 palabras que lo componen, más de 6,000 corresponden a los transitorios. En estos transitorios se otorgan al presidente facultades extraordinarias para legislar, alterando lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución; se confieren a la Cámara de Diputados atribuciones para modificar una reforma constitucional, contraviniendo el artículo 135, y se contradice o altera de manera permanente lo que por otra parte se propone introducir en los artículos 25, 27 y 28.
Entre los aspectos encubiertos aparece una disposición que augura la extinción paulatina de Pemex. Para no hacer ostensibles esta y otras decisiones difíciles de explicar, se optó por la invención de reglas seudotransitorias.
Es probable que las contradicciones y las equivocaciones de la Constitución transitoria tengan por objeto confundir a la opinión pública. La confusión está en otra parte. Desfigurar la Constitución tiene un costo que no es previsible pero que habrá que pagar.
La energía de la Constitución
Raúl Carrancá / El agua del molino / OEM
Twitter:@RaulCarranca www.facebook.com/despacho.raulcarranca
La reforma energética se debe someter a la energía de la Constitución en sus artículos 27 y 28. Dicen que reiterar es insistir en el convencimiento propio, y so riesgo de ser reiterativo insisto en mi absoluto convencimiento, junto al de millones de mexicanos, de que la energía constitucional (eficacia, poder de la norma suprema) es muy clara y manifiesta en los artículos 27 y 28, especialmente en el párrafo sexto del primero que reza así: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva".
Lo que pasa es que ésta estuvo a punto de ser arbitrariamente alterada por el presidente Felipe Calderón al inicio de su gestión, quien promovió una reforma para permitir que participaran empresas privadas con Pemex. Incluso Calderón anunció que su propuesta consistía en "establecer un nuevo régimen especial en materia de contrataciones, adquisiciones de obras públicas que sea distinto al del resto del gobierno, lo cual le permitirá a la empresa ser muchísimo más eficiente". Con lo que manifestaba públicamente su voluntad de ignorar, violándolo, el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Es de observar al respecto que al no atreverse a alterar el artículo 27 optó, en cambio, por la alteración de la Ley Reglamentaria del mismo para lograr su propósito, siendo que una ley reglamentaria reglamenta pero sin substituir al mandato constitucional. A lo que en su momento me opuse abiertamente al ser convocado, junto con otros juristas, por el Senado de la República para opinar sobre el particular.
Ahora bien, el presidente Peña Nieto ha dicho que se propone acabar con el monopolio de Pemex en el sector de los hidrocarburos, favoreciendo los llamados contratos de riesgo, cancelados en 1958 por el entonces presidente Ruiz Cortines, para atraer la inversión privada y, particularmente, la extranjera hasta el corazón mismo de la industria petrolera.
Como apostilla al margen es de señalar que los contratos de riesgo permitirían las garantías jurídicas que ofreció el propio Peña Nieto a los inversionistas extranjeros, según sostuvo en dos recientes entrevistas publicadas en el diario británico Financial Times y en la agencia mundial de información económica Bloomberg. No se desconoce al efecto que Pemex no tiene la capacidad de perforación en aguas profundas. Sin embargo esto no justifica la alteración, verdadera violación de su espíritu normativo, del artículo 27 constitucional, en compañía del 25 (rectoría del Estado en el desarrollo nacional) y del 28 (prohibición de los monopolios, que no de las funciones que el Estado ejerce en áreas estratégicas).
Lo que sí cabría, a nivel de barbaridad mayúscula, es el cambio total del espíritu normativo –histórico, político, económico e incluso cultural– del artículo 27. Pero se andan por las ramas a través de subterfugios y sofismas disfrazados de concertaciones, acuerdos y convocatorias a la unidad. La gran pregunta, aparte de politiquerías y discursos a favor de un progreso muy dudoso, es si México necesita, para progresar, de la reforma energética del actual gobierno.
Habría que ir en consecuencia al fondo del problema que, a mi juicio, es el de la prohibición de concesiones y contratos, no importa de qué clase sean. Ahora se trata de los contratos de riesgo, que son aquellos con los que las empresas reciben un porcentaje de la producción petrolera, o gasera, en pago por su participación en la exploración y explotación de los hidrocarburos. No hay que devanarse mucho los sesos para saber del enorme riesgo que conllevan esos contratos u otros. Por ello, el artículo 27 de la Constitución los prohíbe. Y no se crea que estamos condicionados por una especie de prejuicio o tabú histórico, el de respetar a toda costa aquel artículo. No es así porque en su defensa va de por medio la soberanía de México en el manejo y explotación de su riqueza. ¡Nada menos!
Réquiem al nacionalismo
Héctor Barragán Valencia
hector_barragan@hotmail.com
A mi madre, en su cumpleaños.
La reforma energética no privatiza a Pemex, pero parece augurar su defenestración: descapitalizado, exprimido por el gobierno, ahogado por la corrupción y el sindicato mafioso y sometido a la competencia de las grandes petroleras, su futuro es incierto. La supervivencia implicaría quitarle lastre, lo cual involucraría que deje de financiar el gasto público, se aumenten más los impuestos para sufragar al gobierno y se elimine a gran parte de su burocracia, amén de que se supriman los privilegios de los petroleros, todo lo cual se antoja políticamente inviable. Ahora bien, más allá de la polémica sobre la privatización o no de Pemex, el impacto de la reforma será profundo, toda vez que las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución (que a juicio de Diego Valadés hace de la Carta Magna un galimatías –y que la reforma electoral agranda el lío– trastocan las raíces del nacionalismo mexicano.
La expropiación petrolera en 1938 fue un acto fundacional y de identidad nacional (el mayor símbolo nacionalista laico, que rivalizó y a su vez se imbricó, con el otro gran símbolo de identificación nacional: el guadalupanismo) y una acción reivindicativa frente a las potencias extranjeras que explotaban a su arbitrio los recursos energéticos. Con la reforma a la Constitución ese entramado simbólico se desarticula. Así, México está nuevamente en busca de una identidad propia, que cohesione a los mexicanos y facilite la colaboración entre las clases sociales. Esta reforma, que cimbra el viejo nacionalismo, acaece en el momento que se eclipsa el entusiasmo por la democracia –efecto de la crisis de legitimidad de los políticos y de sus partidos–, que podría haber renovado y asentado sobre nuevas bases la identidad nacional.
También converge con una reforma electoral que, aunque tiene algunos méritos propios, reavivará la pugna de las elites políticas por la trasmisión del poder. Además, estos cambios trascendentes suceden en una hora de incertidumbre económica, de agudización de la pobreza y de la desigualdad, que se mezcla con el malestar ocasionado por el incremento a los impuestos y a diversos servicios básicos, así como con la ineficiencia del gobierno para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los mexicanos. Por último, el orden global está inmerso en una crisis sistémica. Visto de este modo el escenario sociopolítico, económico y geopolítico, México se asemeja a un navío a la deriva: sin identidad ni rumbo, cuyos ocupantes están en vía de colisión, y en medio de aguas turbulentas. Es preocupante porque la historia de las reformas en México está correlacionada con grandes sismos sociales y globales.
Jefferson: Parte por parte
Jesús Delgado Guerrero / Milenio Estado de México
jesdeg@prodigy.net.mx
Thomas Jefferson, uno de los progenitores de Estados Unidos, ya tenía puesta la mirada en su vecino país del sur desde 1786 cuando atisbó "arrebatárselos parte por parte" a los españoles con base en la explosión demográfica.
Lo que sucedió después no fue precisamente así, pero la misión jeffersoniana se cumplió con casi la mitad del territorio nacional y no sólo gracias a su "Alteza Serenísima", López de Santa Anna.
Otros tiempos, otra forma de articular estrategias de expansión, ya no es necesario andar arrebatando predios poco aprovechados por "perezosos" y holgazanes, diría Marx en el caso de California.
Ahora, con el control de la economía y de los gobiernos es más que suficiente. No hay más que ver el contenido de la recientemente aprobada reforma energética que, por más bondades que se canten, esconden un cúmulo de saqueos históricos al amparo de reglas estilo don Porfirio Díaz y su cohorte de "científicos".
En serio: ¿Se ha modificado el espíritu depredador de los recursos nacionales que siempre han sido apetecidos por las potencias extranjeras y sus compañías?
Uno quisiera pensar que, en efecto, las voluntades dibujadas por el pensamiento capitalista no han sido producto de un fenómeno sinestésico (ver música o escuchar colores, lo que en este caso sería ver honestidad en los mercados especuladores) y que todo el latrocinio pasado es un episodio nacional enterrado, casi una anécdota de trastupijes que hoy no sería posible, pero…
Algunas de las grandes compañías a las que se les están abriendo las puertas para la explotación de los hidrocarburos arrastran una estela de saqueo al amparo de supuestos beneficios, como Exxon con la explotación del cobre en Chile durante 24 años, por ejemplo, declarando pérdidas para no pagar impuestos.
El remoquete de Cártel de las Siete Hermanas de las grandes compañías petroleras no es casual ni gratuito. Condensan el despojo y usufructo de los recursos naturales de los países.
En descargo, hay que decir que su actuación no ha sido por enviar comandos de asaltos ni legiones de almas buenas. No. Han contado siempre con gobernantes prestos para el "business", poco escrupulosos.
Así que dos siglos después, la tarea jeffersoniana llegó a un punto culminante. En partes el despojo es mejor y quizás unos se darán cuenta, sólo para poder decir: "Ya nos saquearon; no nos volverán a sacar" (ajá).
Días infaustos
Rolando Cordera Campos / La Jornada
rolandocordera@prodigy.net.mx
Poderosos caballeros y comedidos caballerangos; inefables senadores que se descubren iconoclastas para acuñar nuevos paradigmas; diputados otrora astutos que se unen a la romería de promesas e ilusiones; testaferros virtuales: todo esto y más nos trajo la más reciente ola reformista prohijada y coreada por el comentario interesado y la opinión mediática, disfrazada siempre de angustia por este pobre país que se niega a mudar para ser mejor.
Luego de las fiestas de a de veras, allá por el lejano enero, habrá que volver los ojos a los hechos, registrar los desechos y buscar la manera de mirar hacia adelante para encontrar alguna luz al final del túnel. Esperando que no vaya a ser una locomotora en sentido contrario.
Pírrico grand finale, aunque los diputados y senadores de la gran coalición de fin de siglo se declaran siempre listos, como los boy scouts de antaño, para abrir una nueva era, así, del brazo y por la calle. Seguramente están ya a la espera de las novísimas consignas de los encargados de darle la vuelta a lo acontecido, hasta que adquiera un tono rostizado, apetecible para las capas de la opinión pública más cercanas a la oferta y la doctrina convencionales que se guisa todas las noches en la televisión y las cenas de los pudientes.
De lo que sabemos poco o nada es de los términos que finalmente permitieron darle a la gran unción normalizadora un poco de solidez y buen olor, antes de que venga el ¡Arrancan! de la carrera del siglo por contratos, licencias, servicios y representaciones en la que podrá saberse de qué cuero salen más correas: si de lo que quede de Pemex y CFE, o de lo que puedan traer a tiempo los personeros del gran dinero nacional que, como pocas veces, se muestra a modo para obedecer la voz del amo. La traduzcan bien o no, o los loros de la competitividad y la ambición jibarizada que habitan en la Bolsa de Valores.
¿Tuvo sentido todo esto? La premura del presidente nunca quedó bien explicada ni documentada, salvo que por ello deba entenderse un ensayito por ahí en alguna revista mensual, una pataleta bien condimentada en algún diario, o la habitual jaculatoria nocturna por radio y televisión que nos asestan los dueños del púlpito electrónico.
Nada de esto, junto o por separado, da el foro necesario para que la ciudadanía se ilustre e informe y tome decisiones que, en este caso, implican cambios fundamentales en su vida y horizontes. Lo que se requería, pero no se hizo, era determinar objetivos mediante la deliberación política más amplia y cultivada para, desde ahí, fijar líneas claras para las políticas que se insiste en llamar públicas, aunque sean las más opacas de la historia. Este es precisamente el chiste de la democracia representativa; la que se reclama y elude.
Lo que a muchos nos queda de estos días infaustos es la sensación y la sospecha de haber asistido a un gran guiñol, una mascarada adelantada del carnaval, que adormeció el ánimo pero que no sirve ni servirá para darle al reformismo que México necesita con urgencia una dirección clara. Al final, queda el sentimiento de una gran humillación perpetrada por los poderes de hecho y orquestada desde el poder constituido, el que se debe a los ciudadanos sin distingos.
Lo que se impone para hoy y para adelante es dejar ya la frenéticareformitis, cuyo despliegue sólo lleva a nuevas frustraciones y a reducir a su mínima expresión el sentido de pertenencia que toda comunidad política reclama para reproducirse y alimentarse. Pero de reformas hay que hablar, porque es vital que, pronto, el panorama se aclare y el razonamiento político se libere de la cárcel de hierro de la simulación y la mistificación en que está recluido.
Las reformas siempre se hacen con la promesa de avanzar, pero no siempre aterrizan bien. ¡Vaya que sabemos de esto! Qué reformar, por qué y cómo hacerlo, forman un triángulo de consistencia y rigor que no puede soslayarse, ni evitarse impunemente. Cada vez que desde el poder se ha pretendido hacerlo, los resultados han sido muy costosos y las pérdidas políticas enormes.
Podríamos incluso decir que de la última aventura reformista por la vía del fast track no sólo no nos hemos podido reponer, sino que todo indica que en vez de salir nos hundimos. Tal es la maldición que se cierne sobre el reformismo mal hecho y concebido.
A eso parecen destinadas las reformas energética y política aprobadas en estos días. La política, perpetrada festivamente pero desde la oscuridad por los partidos, sólo ofrece confusión y no buena política ni elecciones creíbles. Mezquindad de intereses y pobreza de miras, independientemente de lo que dicen querer sus autores.
En el caso del nuevo régimen petrolero y, se dice, energético, propuesto por los partidos que han gobernado México en los últimos 30 años, así como por una pléyade de exfuncionarios y enriquecidos que nunca han dado cuenta de sus responsabilidades, pero sí de su labilidad para cambiar de patrón, sí que hay riqueza, y mucha. Lo que no hay son garantías de que servirá para acabar con la pobreza que nos avergüenza y, a la vez, coadyuvar a abrir un nuevo curso de desarrollo.
Los usos y las manos involucradas en el petróleo van a cambiar radicalmente, mas no hay seguridad de que cambien los abusos. He aquí la gran cuestión para el reformismo de Peña y la hipocresía de sus compañeros de gesta.
El Estado debe hacer lo que no ha hecho y consultar a sus mandantes sobre dichos usos y la forma de asegurar que no resulten en nuevos saqueos, en una nueva riqueza para la grandeza de muy pocos. No es poco lo que se juega y los jugadores deben dejar de jugar a la mentirosa.
No se hace política constitucional bajo la mesa o el escaño. Se hace con y de frente a la gente, la ciudadanía y las comunidades, que reclaman atención y respeto.
¿Y el diablo?
Raúl Moreno Wonchee / La nave va
wonchee_r@yahoo.com.mx
En estos días aciagos, cualquiera que tenga entre sus preocupaciones el petróleo y sus veneros, ha de haberse preguntado dónde demonios anda el diablo. Porque a pesar de los pregoneros de la derrota nacional que llaman a tirar las armas y a echar a correr en medio de la batalla, Satanás no se pudo meter en la letra y menos en el espíritu de la Constitución. En las reformas constitucionales iniciadas por el presidente Peña y aprobadas por el Congreso de la Unión, no hay nada que permita suponer siquiera que Pemex o la CFE vayan a ser debilitadas y menos aún enajenadas, ni que la nación vaya a perder la propiedad inalienable e imprescriptible del petróleo y de los hidrocarburos en el subsuelo o que la renta petrolera corra el riesgo de ser expropiada por particulares.
Todo lo contrario: se reafirma la exclusividad del Estado en la exploración y extracción de los hidrocarburos y la prohibición de las concesiones; se admite, en cambio, que el Estado pueda contratar con particulares la realización de esas actividades en los términos de la ley reglamentaria que en todo caso dispondrá, que una vez cubiertos los costos de producción –con la correspondiente retribución a los contratistas–, deberá rescatar íntegramente la renta petrolera para la nación. Pero la obligada suspicacia obliga a buscar al diablo en la letra chiquita, en los transitorios. Porque se ha vuelto (mala) costumbre ensuciar la labor legislativa con transitorios que debían llamarse permanentes como los peinados de las señoras de antes con los que engañaban no a sus maridos sino a sus amantes. El diablo está en los transitorios.
