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viernes, 28 de octubre de 2016

México SA PEF 2017

Carlos Fernández-Vega 

Por dogmas no para, y el gobierno federal cree firmemente que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 –como los previos– "manda un mensaje de estabilidad", "preserva la capacidad de mantener el crecimiento y genera condiciones para aprovechar mejores oportunidades", al tiempo que permite "que todos los egresos se manejen con transparencia" (José Antonio Meade dixit). Un acto de fe, pues.

Pero, ¿en serio tal presupuesto es todo eso? El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico analiza el tema (Gasto público al alza; valor agregado a la baja) y revela cuál es la realidad, muy alejada del acto de fe. Va, pues.

En 2017 el costo financiero del sector público federal representará 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), la mayor proporción desde 2001. Dicha cantidad es superior a la destinada a otros renglones del gasto que son estratégicos para el desarrollo de México. De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica presentados en septiembre pasado, el costo financiero prospectado para el cierre del presente año ascenderá a 463 mil millones de pesos, y en el próximo rondará los 569 mil millones. Más de un billón de pesos en sólo dos años.

Dichos recursos no generan crecimiento económico ni desarrollo social, fundamentalmente constituyen el pago de intereses por la deuda adquirida en años previos, pasivo que no tuvo un impacto productivo positivo pero que consume una cantidad creciente de recursos financieros, igualmente improductivos por el destino que tienen.

Las cifras del Inegi son contundentes: entre 2004 y 2015 el valor agregado propiciado por el sector público tuvo un crecimiento promedio de sólo 0.3 por ciento. Durante el mismo periodo el sector privado promedió una tasa de 3.2 por ciento. ¿Quién genera el crecimiento económico en México? La evidencia de las cifras oficiales es clara.

La baja productividad del gasto público es extensiva a los tres niveles de gobierno; estados y municipios ejercen recursos pero no propician crecimiento: entre 2004 y 2015 la tasa promedio de su valor agregado fue de 0.9 y 1.3 por ciento, respectivamente. Para el caso de la Ciudad de México el desempeño fue de 0.9 por ciento. El problema no fue la falta de recursos, pues tan sólo el sector público federal elevó sus erogaciones de 1.6 billones a 4.9 billones de pesos. El problema es la poca eficacia en el ejercicio de los recursos.

Ante el recorte presupuestal, la única alternativa para evitar que ello afecte el crecimiento de México es incrementar la eficacia del gasto público. Ello es prioritario, sobre todo considerando que el costo financiero del sector público absorbe recursos que superan lo destinado a 16 ramos administrativos: Economía; Hacienda y Crédito Público; Defensa Nacional; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social; Marina; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Turismo; Relaciones Exteriores; Procuraduría General de la República; Oficina de la Presidencia; Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De igual forma, es esencial aumentar su eficacia cuando se proyecta una reducción en la inversión física de los ramos administrativos que casi alcanza 64 mil millones de pesos y supera los 88 mil millones en Pemex.

Es prioritario elaborar un Programa de Fomento a la Inversión Productiva que permita afrontar la actual coyuntura económica. Su objetivo debe ser generar un acercamiento entre los proyectos del sector privado y las estrategias de política económica a fin de garantizar que el país mantenga una tasa de crecimiento superior a 2.5 por ciento para 2017.

¿De qué sirvió la contratación de deuda, el incremento en los impuestos o la utilización de la renta petrolera en el gasto de los tres niveles de gobierno? Sin lugar a dudas que el gasto público es fundamental para que México pueda desarrollarse, sin embargo se requiere de eficacia en su aplicación. La evidencia muestra que la tendencia del valor agregado del gasto público va a la baja, algo paradójico cuando los montos destinados son mayores. Sin lugar a dudas que sólo una reforma de la administración pública con una orientación a resultados puede cambiar esta historia.

Bajo crecimiento económico implica una capacidad limitada para generar valor agregado. Las naciones con mejor desempeño económico tienen alta capacidad transformadora y gobiernos eficaces en el uso de los recursos públicos. En México existe un rezago significativo en su administración pública: el valor agregado generado por las entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y empresas públicas es inferior al promedio nacional y negativo en algunos casos.

Altamente preocupante es que las empresas públicas energéticas tengan resultados que restan crecimiento económico: el sector energético es estratégico para el desarrollo industrial, no se puede incrementar la competitividad industrial sin un funcionamiento vigoroso del sector energético.

Junto con el mal desempeño de las empresas públicas del sector energético se tiene al gasto vinculado con la Seguridad Social: entre 2004 y 2015 el valor agregado se elevó a una tasa promedio de 1.2 por ciento; sin embargo, para el periodo 2013-2015 el mismo exhibió un retroceso promedio anual de -2.6 por ciento. Lo anterior tiene un impacto adverso sobre el bienestar de la población mexicana, particularmente en la más pobre, la que tiene una mayor dependencia del gasto social. Lo descrito muestra que incrementar este tipo de gasto no necesariamente conduce a mejorar las condiciones socioeconómicas de México.

Mayor gasto público no es sinónimo de mayor crecimiento económico; si las erogaciones son improductivas pueden tener un efecto adverso sobre la economía. Si el presupuesto público se ejerce sin criterios de eficacia no hay garantía de que al aumentar impuestos, endeudarse o utilizar la renta petrolera para incrementar el gasto se obtengan los resultados deseados.

Las rebanadas del pastel

No es lo mismo padres que Padrés, aunque en ambos casos la norma es la impunidad, pero por razones distintas: los primeros buscan a sus hijos, "desaparecidos" impunemente por el Estado; al segundo lo "buscan" las autoridades judiciales –como a Duarte–, pero, impune, "desapareció". Y en este par de situaciones el gobierno asegura que "no encuentra" a los muchachos de Ayotzinapa… ni al ex gobernador.

Twitter: @cafevega

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Encinas: reducir la edad, para votar, no para criminalizar

Raúl Llanos Samaniego y Laura Gómez Flores 

En la constitución de la Ciudad de México no se reducirá la edad de 18 a 16 años para que los jóvenes sean sujetos de sanciones penales, sino para que puedan votar y tomar parte en las decisiones que se adopten en esta capital.

Así lo aseveró el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, quien recibió ayer los resultados de una encuesta elaborada por estudiantes del programa Prepa sí, en la que la mayoría de los jóvenes entrevistados –de la UNAM, el IPN, el Colegio de Bachilleres y el Conalep– se manifestaron en favor de que esta política de apoyos se mantenga en la carta magna local y evite que, por cuestiones políticas, vaya a desaaprecer.

Entrevistado, posteriormente, el diputado constituyente fue directo al señalar que en esta capital no se va a criminalizar a los jóvenes.

La coordinadora del programa Prepa sí, Karen Quiroga, afirmó que fijar en 16 años la posibilidad de que los jóvenes ejerzan su derecho a votar es una necesidad: "sólo un fascista podría rebajar la edad para que sean castigados".

Señaló que en la citada encuesta la mayoría de los adolescentes opinaron en favor de que sus derechos queden reconocidos y protegidos por la constitución local, además de que puedan participar en las consultas ciudadanas a partir de los 12 años.

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Para 2050 la cuarta parte de la población será de adultos mayores, señala Narro

Ángeles Cruz Martínez 

Para 2050 la cuarta parte de la población será de adultos mayores, señala Narro■ Apenas tenemos tiempo para generar las condiciones de atención, afirma el titular de la Ssa

El bono demográfico que aún disfruta el país por una mayor cantidad de personas en edad productiva tiene límite y "apenas tenemos tiempo" para generar las condiciones de atención y protección de los adultos mayores, los que en 2050 serán una cuarta parte de la población, advirtió el secretario de Salud, José Narro Robles.

Actualmente, alrededor de 12 millones de individuos tienen más de 60 años de edad, pero "la demografía avisa y no espera" y de hecho ya existen algunas señales que deberían alertar a la sociedad sobre el envejecimiento poblacional y las necesidades que habrá que cubrir para ese sector, indicó.

El funcionario inauguró ayer el 31 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, el cual se realiza en el auditorio de la Antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí Narro resaltó que aunque ahora alrededor de 10 por ciento de la población, en promedio, ya se encuentra en el grupo de adultos mayores de 60 años, hay entidades como la Ciudad de México, donde 14 por ciento de los habitantes corresponde a ese sector etario.

Mientras en Quintana Roo, apenas representan 6 por ciento. Son señales a las que se debe poner atención, a fin de anticipar y prevenir las necesidades. La ventaja es que "hay conciencia sobre el tema y sabemos qué hacer". Lo que falta es tomar las decisiones y convocar a la sociedad en su conjunto a participar en la cultura de la prevención y cuidado de la salud, para que los niños, jóvenes y adultos de hoy puedan tener una vejez saludable.

Las personas que tienen 65 años de edad ya han derrotado muchos riesgos y problemas de salud, pero "no somos sanos por decreto". Los actos de gobierno son indispensables para procurar servicios médicos como los que ya existen con 23 mil unidades de atención clínica y casi 900 mil trabajadores, pero también se requiere la participación social.

El Issste, un laboratorio

Antes, el director del Instituto Nacional de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez, recordó que las acciones institucionales para la atención de los viejos han existido desde finales del siglo pasado. Pero, advirtió, el país debe estar listo para hacer frente a lo que vendrá en las próximas tres décadas, cuando uno de cada cuatro mexicanos tendrá más de 60 años. El académico llamó la atención sobre los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), 20 por ciento de los cuales son adultos mayores. Corresponden a lo que será la población mexicana en los próximos 15 años.

Comentó que el Issste es como un "laboratorio", donde podría diseñarse un modelo de intervención con base en las necesidades específicas de las personas. Gutiérrez recordó que México forma parte del acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, en el cual los países se comprometen a tener un plan de acción sobre el envejecimiento de la población, así como a transformar los sistemas de salud a fin de reconocer y atender las necesidades de los adultos mayores.

También está el compromiso de formar profesionales médicos especialistas en geriatría, así como tomar medidas para evitar la discriminación, violencia y en general, maltrato hacia los adultos mayores.

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La lucha del CEU paró reformas para aumentar cobros en la UNAM

 Olivares Alonso 

La lucha del CEU paró reformas para aumentar cobros en la UNAM■ Discutir la transformación de esa casa de estudios en un congreso, otro de sus logros

El movimiento que hace 30 años encabezó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) fue exitoso, pues detuvo una serie de reformas que atentaban contra la práctica gratuidad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y logró que se realizara un congreso en el que la mayoría de los sectores discutieron la transformación de esa casa de estudios.

En ello coincidieron los participantes de la mesa redonda La fuerza de la razón. El CEU a 30 años, que se realizó ayer en el auditorio José María Vigil de la Hemeroteca Nacional, en Ciudad Universitaria.

El profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Adolfo Gilly, afirmó que el movimiento del CEU en 1986 y 1987 representó la oposición contra la imposición de cuotas en la universidad.

"Era defender un principio sustantivo de la República: la gratuidad de la educación en todos sus niveles, que no sólo es un deber del Estado, sino una misión de la República."

Gilly, quien hace 30 años fue uno de los académicos asesores del CEU, recordó que gracias a la sensibilidad de las autoridades universitarias, encabezadas por el entonces rector Jorge Carpizo, se pudo abrir un diálogo público en el que ambas partes expusieron sus argumentos.

Consiguieron mantener el pase reglamentado

En ese diálogo los jóvenes dieron una respuesta racional a la crisis, al demandar que no hubiera imposición, sino que se les escuchara y tomara en cuenta, pero ante todo defendieron la gratuidad de la educación y que se mantuviera el pase reglamentado.

El movimiento trascendió las instalaciones universitarias, y parte de los que participaron en él se sumaron al apoyo de la candidatura presidencial de izquierda en 1988, la de Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, afirmó.

"La crisis estalló cuando el Ejecutivo federal dio un golpe de Estado en las elecciones de ese año y quitó la elección a la candidatura ganadora e impuso a quien el poder había decidido (…) Este golpe no fue contra un candidato, fue contra un país y contra un sueño, el sueño de que iban a volver los tiempos del general Lázaro Cárdenas."

Hoy, alertó el académico, se vive un nuevo ataque contra la educación con la imposición desde el poder de la reforma educativa, con la que "quieren arrasar" con la escuela normal, que es la raíz del sistema. "Es ahí donde se aprende cómo enseñar, cómo tratar a los niños, y eso no lo puede medir ninguna pinche evaluación que quieran poner. La razón del Estado quiere volver a imponerse sobre la razón de la inteligencia".

Por ello, y en un país en crisis de sangre, fosas, ejecutados y desaparecidos, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para el que pidió esclarecimiento, llamó a seguir el ejemplo del CEU y realizar un congreso nacional educativo, en el que participen todos los involucrados en el sistema, particularmente los maestros.

Humberto Muñoz, quien fue parte del equipo de la rectoría de la UNAM durante los diálogos públicos con el CEU, señaló que el movimiento triunfó porque "permitió que esta institución siguiera siendo pública, como lo es hasta hoy".

Uno de los aciertos del CEU, precisó, es que convocaron a asesores universitarios de gran prestigio académico, lo que le dio al movimiento enorme credibilidad.

Consideró que el documento de Carpizo tenía muchos puntos rescatables, particularmente porque asentaba que la UNAM está hecha para alimentar un proyecto nacional que sea capaz de crear una nación más justa y libre.

En la mesa también participaron Imanol Ordorika, quien fue uno de los líderes del CEU; Renate Marsiske y Sergio Zermeño, de los institutos de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y de Investigaciones Sociales, respectivamente.

Ordorika destacó que el CEU fue un movimiento de hijos y nietos del 68, y "estaba siempre presente como referente histórico". Admitió que aun cuando a la rectoría de Carpizo le costó trabajo aceptar el diálogo público, éste se instaló. Y justo esta etapa de la lucha "fue el punto máximo de acumulación de fuerzas del consejo".

Se trató de un movimiento exitoso, con el que se consiguió la práctica gratuidad de la universidad, e incluso en el proceso de designación de rector del año pasado, los 16 aspirantes defendieron el no incremento de cuotas; también se logró realizar el congreso universitario, y muchos de esos jóvenes se incorporaron a la política nacional. Uno de los pendientes, subrayó, es el paso para la democratización en la elección de autoridades universitarias.

Entre los asistentes estuvo Antonio Santos, también líder del CEU, quien difirió en la idea de que Carpizo haya sido sensible para instalar el diálogo. "Lo hubo, pero no fue concesión de ellos, sino un puente para encontrar una salida honrosa a la situación que ellos mismos habían generado".

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En 42 años desapareció 58% de los vertebrados del planeta: WWF

Afp 

En 42 años desapareció 58% de los vertebrados del planeta: WWF■ El organismo de defensa del medio ambiente dio a conocer el estudio Planeta vivo

París.

La cantidad de mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles se redujo 58 por ciento en el mundo entre 1970 y 2012; el declive seguirá si los humanos no hacen nada para evitarlo, advierte el Fondo para la Vida Salvaje (WWF, por sus siglas en inglés) en su informe Planeta vivo 2016.

"Si sigue la caída de la biodiversidad, el mundo natural que hoy conocemos se desmoronará en su conjunto", advierte el director general del WWF Internacional, Marco Lambertini, en un balance del estado del planeta.

Según el organismo de defensa del medio ambiente, "el declive que padecen las poblaciones de especies salvajes es cada vez más preocupante", y agrega: "Llegará en promedio a un 67 por ciento de aquí a 2020", si no se hace nada para revertir la tendencia.

"Asistimos a una regresión de la vida sobre el planeta, de la cual somos en parte responsables (...) es un factor de riesgo importante para nosotros", destaca Pascal Canfin, director general de la WWF Francia. "Si desaparece lo vivo, desaparece el capital natural, destruimos nuestra capacidad para vivir en el planeta a largo plazo", continúa. "La humanidad se está poniendo en peligro ella misma", resume.

El informe anterior, publicado en 2014, mencionaba una caída de 52 por ciento de las poblaciones de vertebrados en el mundo, entre 1970 y 2010. Para medir su evolución, el WWF, en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres, estudió 14 mil 152 poblaciones pertenecientes a 3 mil 706 especies vertebradas.

Los animales de agua dulce se encuentran particularmente afectados. Su población está en caída libre: disminuyó 81 por ciento en promedio entre 1970 y 2012. Son víctimas de la sobrexplotación, a veces involuntaria, como cuando quedan atrapados en las redes de pesca, como los delfines de río, o la pérdida y degradación de su hábitat.

La población de las especies terrestres cayó 38 por ciento. Por la caza ilegal, el número de elefantes de África, por ejemplo, disminuyó en 111 mil ejemplares desde 2006, estabilizándose en unos 415 mil, según las estadísticas.

Las poblaciones marinas cayeron por 36 por ciento. Un tercio de las especies de tiburones y de rayas están ahora amenazadas de extinción, fundamentalmente a causa de la pesca excesiva.

De manera general, la amenaza más frecuente que pesa sobre las poblaciones en declive es la pérdida o la degradación de su hábitat a causa de las actividades agrícolas, la explotación forestal, la extracción minera, los transportes o la producción de energía.

Otras causas son la sobrexplotación (caza, pesca), la contaminación (industrias, urbanización), las especies invasivas y las enfermedades.

Por el momento, el cambio climático sólo tiene un impacto "relativamente marginal (...) porque apenas estamos en un grado de calentamiento" planetario con relación a la era preindustrial, precisa Pascal Canfin.

En unos pocos días, la comunidad internacional reunida en una nueva conferencia en Marrakech intentará comenzar a concretar el compromiso adoptado en la COP21 hace casi un año en París, para limitar el calentamiento "muy por debajo de los 2 grados centígrados".

Este año, la humanidad vive "de fiado" desde el 8 de agosto, es decir, ya había consumido la totalidad de los recursos que el planeta puede renovar en un año, según la organización no gubernamental Global Footprint Network. En 2015, ese día llegó el 13 de agosto, comparado con el 23 de diciembre, en 1970.

Actualmente, la humanidad necesita el equivalente a 1.6 planetas para lograrlo.

Sin embargo, la población mundial, hoy de 7 mil 400 millones de personas, alcanzará los 9 mil 700 millones en 2050. A ese ritmo se necesitaría un segundo planeta.

"Las consecuencias de la presión humana sobre el medio ambiente se conocen y se observan cada vez mejor"; sin embargo, "no hay ninguna reacción económica racional", deplora el WWF, que llama a un "desarrollo económico sustentable".

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