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sábado, 8 de diciembre de 2012
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viernes, 7 de diciembre de 2012
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Aplazados los presupuestos multianuales para las universidades públicas
Fwd: PROPUESTA DE REFORMAS SOBRE PRESUPUESTO ANUIES
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Inicio del mensaje reenviado:
Fecha: 7 de diciembre de 2012 13:53:54 GMT-06:00
Para: <luis_ortega_morales@hotmail.com>, <luis_ortega_morales@yahoo.com.mx>
Asunto: PROPUESTA DE REFORMAS SOBRE PRESUPUESTO ANUIES
Estimado Luis Ortega:
Le envío en archivo adjunto la iniciativa que fue presentada en la anterior legislatura y que retomó en su integridad la propuesta de la ANUIES:
Iniciativa Que adiciona dos párrafos al artículo 25 de la Ley General de Educación, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, y modifica la denominación de ésta por Ley para la Coordinación y el Financiamiento de la Educación Superior.
Presentada por el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, PRI.
Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Prórroga por 90 días, otorgada el lunes 14 de noviembre de 2011, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Gaceta Parlamentaria, número 3316, lunes 1 de agosto de 2011. (2587)
Reciba un cordial saludo
Javier Mendoza
martes, 4 de diciembre de 2012
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domingo, 2 de diciembre de 2012
La Jornada 021212
La Jornada 021212
Gustavo Castillo García
■ Fueron integradas por determinación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, informa
■ Por orden de Calderón, las bases de datos permanecerán clasificadas como asunto confidencial
Por determinación del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), la Procuraduría General de la República (PGR) integró dos bases de datos: una de ellas, relacionada con los homicidios y ejecuciones presuntamente vinculadas con el crimen organizado, y la segunda con la información de personas que han sido desaparecidas o levantadas en el país, reconocieron funcionarios de la institución ministerial.
Por decisión del entonces presidente Felipe Calderón, la información sobre ambas bases de datos permanece clasificada como asunto confidencial hasta en tanto el CNSP, que depende de la Secretaría de Gobernación (SG), decida hacer públicos los datos que se han obtenido con base en la información proporcionada por las procuradurías generales de justicia de cada entidad.
El diario estadunidense The Washington Post , publicó ayer que la PGR oculta una lista con datos de más de 25 mil personas desaparecidas, y que los nombres están registrados en columnas en formato Excel de Microsoft, e incluyen las fechas en que ocurrió el hecho, sus edades, cómo vestían, sus empleos y algunos detalles breves a veces "escalofriantes" sobre el suceso.
Un ejemplo publicado por el rotativo estadunidense, y repetitivo según el Post : "Su esposa fue a comprar medicina y desapareció". Otros: "Su hija fue forzada a entrar a un automóvil" o "El padre fue arrestado por hombres con uniformes y jamás fue visto más".
Según el diario, los documentos le fueron entregados "por burócratas frustrados por lo que describen como una falta de transparencia oficial y el fracaso de agencias gubernamentales en investigar estos casos".
Desde el 26 de noviembre de 2011, los procuradores del país acordaron durante la 26 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, perfeccionar el convenio de colaboración en materia de personas no localizadas, incorporando mecanismos de identificación criminalísticos de orden genético, antropomórficos y dactilares.
Asimismo, el 25 de mayo de este año, durante la 27 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se retomó el tema de las personas desaparecidas y la construcción de la base de datos de éstas y se establecieron los requisitos para entregar la información de cada caso al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y así conformar la base. En ese mismo encuentro, los procuradores acordaron que entregarían la información completa de cada entidad a más tardar el 15 de junio. Desde esa fecha la PGR ya no emitió información al respecto, pues el Consejo Nacional de Seguridad Pública debe decidir sobre el destino de esa base de datos.
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