MANIFIESTO
A LA IZQUIERDA POBLANA
A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD
A LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS Y PROGRESISTAS
Tiene ya varios lustros que las demandas del pueblo trabajador no encuentran una salida y, por el contrario, las necesidades se agravan más. La política económica y social de los gobiernos priistas y panistas ha coincidido en su empeño en profundizar el injusto reparto de la riqueza y por ende al fortalecimiento del gran capital, nacional y extranjero. El neoliberalismo aplicado por los gobiernos en los últimos 30 años, ha entregado los recursos naturales, la planta industrial y el mercado nacional a las transnacionales por la vía de la privatización. La fuerza de trabajo no encuentra otra salida más que la emigración y los jóvenes sin estudio ni empleo, son cada vez presa fácil del narcotráfico y la delincuencia. Se ha fortalecido una cúpula que decide los destinos de nuestro país y su comportamiento los ha definido como una mafia que actúa para su beneficio. A este grupo quieren ingresar algunos dirigentes de la izquierda electoral que impulsan una alianza partidaria.
En el estado de Puebla, los gobiernos priistas y ahora panista, insisten en la aplicación de esa misma política. La alternancia se expresa en una continuidad del gobierno caciquil y ha iniciado un proceso de profundización de un gobierno en favor de los empresarios y de los grandes monopolios televisivos. La democracia en Puebla retrocede aún más de la ya reducida durante el marinismo, a la cual se le ha agregado una Ley Mordaza contra los medios de comunicación.
El campo se encuentra en un total abandono y la industria no tiene salida de competitividad. La mayor parte de los empleos son informales y con salarios por debajo del mínimo. El 30 por ciento de la población ha llegado ya a niveles por debajo de la línea de pobreza, es decir que no cuentan con los ingresos suficientes necesarios para cubrir sus necesidades básicas de alimentación”. (Iemmp). Junto con esto el poder adquisitivo ha disminuido. Según el Coneval, el Estado de Puebla ocupaba en el año 2005 el 4º lugar a nivel nacional en rezago social; el 6º en cuanto a mayor incidencia de pobreza alimentaria y 7º lugar en grado de marginación”. Situación que a la fecha no se ha modificado.
Lo más grave se encuentra en la ausencia casi absoluta de un núcleo político que contando con un programa de transformaciones, pueda combatir esta política. La izquierda se encuentra incapacitada para luchar en favor de los desposeídos. Su silencio no explica más que una complicidad con la política del nuevo gobierno y su dispersión facilita la cooptación y la corrupción.
Desde 1997, en que la izquierda electoral representada por el PRD logró avanzar en el Congreso de la Unión y se profundizó el combate al FOBAPROA, se ha iniciado un declive en la organización, un alejamiento de los intereses de la mayoría de la sociedad y una ausencia total de compromiso con los pobres. Por el contrario, las direcciones nacional y estatal han dado un viraje hacia la derecha hasta llegar a la reciente alianza con panistas y elbistas. Estas fuerzas han llevado al PRD a una crisis de credibilidad ante el abandono de los principios. “La alianza con quienes tienen sumido al país en un baño de sangre y han reproducido y ampliado la pobreza, el desempleo, el deterioro del sistema educativo nacional y prohijado la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, poniendo en riesgo los derechos humanos y el estado de Derecho, no puede darnos dividendos políticos a corto, mediano y largo plazo”.
En 2010, con la oposición de un número importante de consejeros y militantes, entre los que nos encontramos la mayoría de los firmantes y muchos fundadores, el Consejo Estatal del PRD, auspiciado por la dirección nacional y estatal, con la complicidad de las corrientes internas, acordó construir una coalición electoral con el PAN, PC y PNA, para lo cual aprobó una plataforma electoral y candidatos a la gubernatura, diputados locales y ayuntamientos.
Entre los argumentos esgrimidos por los dirigentes del PRD estaban los de acabar con el cacicazgo priista e impulsar que los candidatos y la plataforma se identificaran con la lucha por la transformación social, de acuerdo con los principios y el programa de la izquierda perredista. La coalición “Compromiso por Puebla” entregó al candidato a la gubernatura, de militancia panista, la representación en los órganos electorales y la organización del aparato electoral; de la misma forma entregó tres de las cinco candidaturas a diputados de mayoría y la mayoría de las planillas de regidores de los 217 municipios. Los grupos internos del PRD recibieron a cambio posiciones en regidurías en Puebla y otros ayuntamientos. El candidato a gobernador orientó su política de alianzas hacia el priismo, los empresarios y las televisoras, ha integrado su gabinete con personas ajenas a la política local y provenientes principalmente de universidades privadas.
De esta forma el PRD comenzó su entrega al panismo, se diluyó en la campaña electoral y ha llegado hasta la sumisión a la política del nuevo gobernador. El PRD solo obtuvo un diputado plurinominal, que junto con las dos candidaturas uninominales, propuestos por el candidato a gobernador, pero asumidas por la dirección estatal del PRD y que están identificadas con el priismo y el panismo, logaron una bancada perredista. Sin embargo, en una franca contradicción con las normas internas y sin ninguna discusión del Consejo Estatal, los diputados, acompañados del presidente del CEN, Jesús Ortega Martínez, acordaron con el gobernador, no constituir el Grupo Parlamentario del PRD y sumarse al del PAN, renunciando a todos los derechos que le da la representación de un partido político con registro nacional, de interés público y negando el derecho que le corresponde al colectivo perredista y no solo a los diputados electos. De la misma forma, estos diputados que llegaron por la vía del PRD y que ahora se asumen como panistas, han adoptado como suyos los intereses de un partido distinto del PRD y lejos de acordar con el Consejo estatal la política parlamentaria, se han sumado a los intereses legislativos del PAN, votando y argumentando a favor, todas y cada una de las iniciativas que ha enviado el gobernador.
Por su parte, los miembros del Comité Ejecutivo Estatal, han avalado esta política, a cambio de sumarse al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, al cual el presidente del CEN propuso al procurador y anunciaron la participación en más de 100 posiciones menores. Así los miembros de la dirección estatal esperan que su incondicionalidad sea premiada. Todo ello sin que el Consejo Estatal discutiera la política hacia el nuevo gobierno y sin que exista acuerdo alguno sobre un gobierno de coalición.
Estas razones, pero principalmente por el abandono de los principios y del programa del PRD, por la violación a los acuerdos del Congreso Nacional y de los estatutos, los diputados que se asumen como representantes del PRD deben ser sancionados, con el rechazo a esta representación y los que son miembros del PRD debe ser cancelada su afiliación partidaria. De la misma forma deben ser sancionados los miembros del Comité Ejecutivo Estatal por su complicidad y aval de aplicar una política contraria a los intereses del PRD y por la omisión en que han incurrido al no convocar a las correspondientes sesiones del Consejo estatal y del Comité Ejecutivo.
El balance de los resultados de la coalición electoral no puede ser más desalentador. De dos diputados hemos pasado a uno solo y sin grupo parlamentario, ni identidad. Perdimos más de 100 mil votos que se diluyeron en favor del PAN y el PT, decenas de planillas buscaron otras alternativas de registro y de participación electoral y han sido expulsados ex diputados y ex presidentes municipales. Lo más grave es que el PRD en el estado de Puebla está en una profunda crisis y siguiendo una política marcada desde el poder ejecutivo estatal.
Por esta razón, los miembros del PRD que nos opusimos a la alianza con el PAN y el PNA, que venimos apoyando los esfuerzos de dirigentes como Alejandro Encinas y Andrés Manuel López Obrador, junto con otros muchos preocupados por los niveles de violación a las normas partidarias, en que han incurrido los diputados y los miembros del Comité Ejecutivo Estatal, recurriremos a las instancias partidarias para que sean sancionados con la expulsión de estos falsos dirigentes. Por nuestra parte consideramos que los miembros del actual Comité Ejecutivo Estatal no representa los principios ni al conjunto de la militancia, por lo que hemos decidido desconocerlos como tales, hasta que las instancias partidarias no reconozcan los derechos que tiene la militancia de discutir y decidir la política del PRD, sancionen a los responsables y restituyan la legalidad y la política originaria del PRD en el Estado de Puebla. El Consejo Estatal debe discutir una política parlamentaria y un proyecto alternativo de gobierno que restituya su independencia, identidad y asumiendo una política en favor de los pobres.
Para tomar los acuerdos pertinentes, convocamos a los miembros del Consejo Estatal, a los militantes del PRD, ex dirigentes estatales y municipales, a participar en la Asamblea Estatal de Dirigentes, para la Reconstrucción del PRD en el estado de Puebla, restituir la legalidad y los principios que nos dieron origen, para el próximo sábado 12 de marzo de 2011.
Atentamente
H. Puebla de Z., a 5 de marzo de 2011
Alma Leticia León Salazar, Carlos Hernández Pérez, Felipe Ortega Marín, José Guadalupe Sánchez Jiménez, Justino Alvarado, Luis Ortega Morales, Mario Vélez Merino, Norberto Amaya Aquino